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¿Habrá Ley de Seguridad Interior?

  • Javier Oliva Posada

Durante la ceremonia de merecidos reconocimientos y entrega de menciones honoríficas a 66 unidades y formaciones del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Marina Armada de México, que se distinguieron por su valor y eficacia en la confrontación y sometimiento al crimen organizado, de nueva cuenta, se mencionó el tema de la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión, el exhorto al Poder Legislativo corrió por cuenta del almirante secretario de Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz. Debemos recordar que en otros eventos de similar relevancia, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, también ha insistido en la relevancia y utilidad para que las Fuerzas Armadas cuenten con el marco legal adecuado para cumplir mejor las exigencias que en materia de seguridad pública vienen desempeñando desde hace poco más de 17 años.

Llama la atención la forma en que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en la Cámara de Diputados, en su calidad de Cámara de origen, persiste en no tomar en consideración el apremio que en varias ocasiones ha hecho el máximo líder de ese organización: el Presidente de la República. En efecto, como se podría constatar en varios medios de comunicación y en ceremonias recientes, el Presidente ha sido enfático en llamar a trabajar a los legisladores y desde luego, incluyendo los de su partido, para que se den a la tarea de discutir y aprobar una Ley de seguridad interior. La gran pregunta es ¿por qué no le han hecho caso a su líder? Más aún si se toma en consideración que con los resultados de distintas mediciones y conteos, los principales indicadores en materia de inseguridad pública, señalan sin lugar a dudas, que hay un sensible incremento en las tasas de homicidios, por ejemplo.

Argumentar que por el calendario político electoral o bien otras razones coyunturales, es perder de vista un problema que afecta ya estructuralmente al país. Las instituciones entre ellos las fuerzas armadas, vienen acusando una distracción de todo tipo de recursos para hacerle frente a una responsabilidad que por principio de cuentas corresponde al estamento civil en sus ámbitos municipal estatal y federal. El insistente llamado del Presidente de la República y de los Secretarios de Defensa Nacional y de Marina, para contar con una eficiente Ley de Seguridad Nacional, tiene por exclusiva finalidad, restablecer los niveles de responsabilidad de cada una de las autoridades competentes en la recuperación de la seguridad pública.

Sin embrago, conforme a los usos y costumbres políticas de nuestro país, es muy probable que termine este gobierno sin que se cuente con tan indispensable herramienta jurídica. La principal razón, es que ninguna fuerza política, incluyendo por supuesto el PRI, desea pagar lo que consideran “un costo político” en las urnas. La necesidad de establecer controles y un rígido sistema de observancia, respecto de la aplicación de los recursos públicos destinados a la seguridad, es lo que en esencia no desean aplicar partidos, líderes y funcionarios. Y de mientras, la sociedad seguirá padeciendo la violencia criminalidad, contando solo con el decidido e inquebrantable apoyo de las Fuerzas Armadas. Empero, la percepción social generalizada de incertidumbre, cuando no de miedo, pueden aumentar. Allí están las mediciones más recientes.

javierolivaposada@gmail.com