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Historia y penas / De Justicia y otros mItos / Sergio Arturo Valls Esponda

  • Sergio Valls Esponda

En Nueva España las prisiones eran imponentes edificaciones a menudo situadas en el corazón mismo de las ciudades. Motivo de orgullo tanto por lo magnifico de su arquitectura como por haber reemplazado el castigo de la carne por la corrección del espíritu. Eran pues “hospitales para el alma”. Ya desde entonces se utilizaba elaborada retórica para disfrazar la realidad. Esos cautiverios, además de confinar a los acusados de delitos como homicidio, robo o corrupción, eran muy útiles para mantener aislados y controlados a los enemigos de la Iglesia o del régimen colonial. Se verificaba una perfecta mancuerna de disciplina y sumisión. Nada más eficiente que la colaboración entre la espada y la cruz.

Quizá fue por esa razón, la importancia de las cárceles, que tomó sus decisiones Miguel Hidalgo y Costilla, quien además de hijos engendró conocimientos de las ideas revolucionarias de la ilustración, gracias a su manejo de idiomas y el acceso a documentos que como director del Colegio de San Nicolás en Morelia le era posible. Me gusta imaginar que al conocer los relatos de la Revolución francesa y de la toma de la Bastilla, que era la cárcel de París, entendiera que los presos son aliados naturales de los insurgentes, pues ambos tienen un enemigo común: el Estado opresor y sus instituciones. La historia nos relata que después del popular grito de mediados de septiembre de 1810 en Dolores, Hidalgo, los primeros en unirse a la causa fueron los presos que en el camino iba liberando.

Más tarde, en la Constitución de 1857 y después de un acalorado debate entre los diputados Zarco y Mata, se estableció la pena de muerte en el Artículo 23 en casos limitados y durante el término en que la autoridad administrativa instaurara un régimen penitenciario.

Penalmente, desde el Código de 1931 fue eliminada. El antecedente más inmediato es el Artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía “…queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario y a los reos de delitos graves del orden militar”. Esa posibilidad fue restringiéndose paulatinamente hasta expulsarla definitivamente de nuestro sistema jurídico el nueve de diciembre de 2005.

Poco hay por abonar al debate sobre la pena de muerte. Son de todos conocidos los argumentos a favor y en contra. En estos días de principios antes que de leyes, es una obviedad la razón de su inaplicación. Aún así opera en más de 50 países, sobre todo en Asia y África. En nuestro continente se aplica cotidianamente en Estados Unidos.

Podemos entender el sentimiento de rabia, impotencia ante lo desalmada de nuestra violenta realidad, pero jamás justificar una muerte o la constante violación de derechos humanos al interior de los penales. Hoy cada sentencia de privación de libertad por la que se envía a una persona a uno de esos campos de impunidad y corrupción conocidos irónicamente como “centros de readaptación social”. Parece por lo tanto una sentencia violatoria de derechos humanos.

Contando los conflictos en los penales de Cadereyta en 2011, Apodaca en 2012 y el reciente, suman 103 ejecuciones en los últimos cinco años en el Estado de Nuevo León, 217 en el país. El numero es mayor al total de los 31 estados en que opera en el vecino del norte. No es fácil asegurar que en nuestro país no existe la pena de muerte, la realidad es impecable.

A 110 días del inicio formal del nuevo sistema de justicia penal y junto con él la legislación única en materia de “mecanismos alternativos de solución de controversias” y la de “ejecución de penas”, surge una fresca y renovada esperanza. Es un tema de todos.
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