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Horizonte Económico

  • Luis G Álvarez Tostado Valdivia

  • Luis G Álvarez Tostado Valdivia
  • El Sistema Anticorrupción: Un Avance Institucional

El pasado lunes 18 de julio, tres hechos concatenados se dieron en la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el primero muy temprano el exsecretario de la Función Pública Virgilio Andrade presentó su renuncia, con el fin de dejar al Presidente en plena libertad de enviar la propuesta al Senado para su ratificación el nuevo nombramiento del secretario de la función pública tal como lo menciona la nueva normatividad en el contexto del SNA, el segundo hecho, la petición de perdón del Presidente por el problema de conflicto de intereses que significaba la casa blanca, al obtener un presentamos por parte del Grupo Higa constructores, proveedor tanto del Estado de México cuando el Presidente era gobernador del Estado como en la misma federación en donde continúa como proveedor, y el tercer hecho es la firma de los siete decretos que crean y modifican leyes que conforman el SNA.

Las siete leyes y la característica principal de cada una de ellas en el contexto de la anticorrupción será uno de los temas que se aborden luego algunas cualidades adicionales del SNA y algunas críticas, para concluir con el concepto de institucionalización de la anticorrupción en México.

La nueva ley denominada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es la norma que define la coordinación entre las instituciones encargada de combatir la corrupción además de las funciones del comité que elabora y evalúa las políticas anticorrupción. Se emite una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se define la publicación de tres declaraciones: la patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de intereses. (Ley 3de3). La ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que incorpora las atribuciones, organización e integración del tribunal encargado de juzgar los actos de corrupción. La reforma de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual da nuevas atribuciones a esta institución al poder auditar las participaciones que la federación da a los Estados, puede realizar auditorías en tiempo real, es decir antes de que termine el ejercicio presupuestal. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se incluye la ratificación del secretario de la función pública por el Senado. Ley de la Fiscalía General de la Republica, donde se crea la fiscalía especial para actos de corrupción, con autonomía técnica y presupuestal. Y por último la reforma del Código Penal, en donde se redefinen los delitos y las sanciones de corrupción.

Un elemento fundamental en el SNA es la creación del Comité de Coordinación órgano supremo del Sistema y en donde participan siete integrantes, la auditoria superior de la federación, la fiscalía especializada para combatir la corrupción, la función pública, el Tribunal Superior de Justicia administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y el comité de participación ciudadana.

Una de las críticas que se muestra de este esquema es que la corrupción que se da a pequeña escala no son captados, como permisos de construcción, conexión de electricidad, teléfono y agua, en la recolección de basura y los diferentes tramites con autoridades como la emisión de licencias o la misma corrupción en la policía y en los agentes de tránsito que según la organización social transparencia mexicana, se estima en 200 millones de actos en una año y cuyo impulso es la discrecionalidad de los servidores públicos y la misma impunidad que se refleja en aumentos de la corrupción, estos actos no son captados directamente, pues un agente de tránsito podrá ser corrupto sin acumular riqueza visible, quizás sea parte de su mismo gasto corriente.

Si bien son muy justificadas las críticas, el que se incluya en las leyes y se creen nuevas instituciones de combate a la corrupción como un sistema lo que significa es que quizás tardemos una generación en ver resultados concretos, pero se tenía que hacer este proceso para poder iniciar un verdadero combate a la corrupción, no se puede omitir la institucionalización de este combate, es necesario y quizás lo más importante será cuando existan resultados en donde ya no haya impunidad ni para presidentes municipales, ni para gobernadores ni funcionarios federales, debe de acabarse la impunidad no bastan disculpas o pedir perdón y esto se puede iniciar con esta institucionalización de la anticorrupción.

Ojala que el Gobierno haya entendido que sin combate a la corrupción, el problema que enfrentaran será que les volverá a perder el poder en el 2018.
gerardo_tostado@yahoo.com.mx

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