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¿Hubo omisiones? / Punto de Vista / Jesús Michel Narváez

  • Jesús Michel

Juzgar corresponde a los jueces; investigar al Ministerio Público de la Federación. Es el caso de pozos, ríos y lagos contaminados con residuos radiactivos, según consta en la denuncia penal presentada por la senadora Silvia Garza Galván en las oficinas de la Procuraduría General de la República.

Denuncia poco común porque involucra a la Conagua, a la Cofepris y a la Profepa como entidades presuntamente responsables de no realizar su trabajo. La primera porque permitió la reapertura de pozos en La Calera y ya se han registrado, cuando menos, cinco muertes por radioactividad además de que se contabilizan enfermos de leucemia. La segunda por no aplicar los protocolos sanitarios y la tercera por no atender las quejas sobre el particular.

El Sol de México dio a conocer en su edición del pasado 28 la información reveladora: pozos contaminados afectan seis entidades. El origen: Guanajuato. A partir de ese momento las reacciones de congresistas y especialistas en calidad del agua pusieron al descubierto que ante demandas de la población poco escuchan las autoridades, por lo menos en el ámbito del medio ambiente y la pureza de las aguas. Debido a ello, la senadora Garza Galván presentó ayer la denuncia penal que, de prosperar y encontrar responsables, éstos se harían acreedores a nueve años de cárcel y a la reparación del daño.

Un tema de salud que podría tener graves consecuencias si la PGR no actúa de manera expedita y sanciona a los presuntos responsables.

Sin acusar a nadie desde este espacio, sí tendría que decirse que por el contenido de la denuncia penal de la senadora, los señalamientos puntualizan omisión.