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Humanos ante derechos humanos / Sergio Arturo Valls Esponda

  • Sergio Valls Esponda

El concepto de garantías individuales que con tanto esfuerzo constitucionalistas tallaban en las mentes de sus alumnos, ha sido rebasado. La Reforma Constitucional de junio de 2011 lo modificó. Ahora hablamos de derechos humanos, que no son otorgados por el Estado sino reconocidos por éste. Son inherentes a la persona, universales y anteriores a la norma, por lo que no necesitan figurar en una ley para ser exigidos. Entonces el problema consiste no en poseerlos, sino en hacerlos valer, exigirlos.

En realidad fue desempolvar un texto pues la Constitución de 1857 ya decía en su Título Primero “De los derechos del hombre”.

El concepto clásico de derechos humanos los entiende como barreras frente al Estado. Su evolución ha llevado a ampliar su función en el sistema jurídico. Deben ser entendidos, también, como valores que permean todas las normas. Así, la Reforma Constitucional obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizarlos. Continúan siendo garantías para la persona, mientras que para el Estado, se convierten en límites.

Nadie duda que su razón natural es proteger al ciudadano de los actos y excesos de la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando el abuso proviene de un particular? En México resolvimos parcialmente el asunto pues la Ley de Amparo prevé la protección en contra de actos de particulares, siempre y cuando ejerzan funciones de autoridad. Por ejemplo, concesionarios de servicios públicos. Pero si la violación la hace un simple particular: un igual, un par, un vecino, ¿qué podemos hacer?

Existe una doctrina que se conoce como Drittwirkung, concepto alemán que quiere decir “efectos entre terceros”. Se refiere a la eficacia de los derechos de forma horizontal (entre particulares) y no solo vertical (entre el Estado y ciudadanos). Para determinar en qué medida pueden influir los derechos en las relaciones entre particulares, la doctrina alemana ha distinguido que los derechos fundamentales irradian todo el sistema jurídico, por lo que las leyes civiles deberán ser interpretadas a la luz de estas normas. También se refiere a derechos que son vinculantes de manera directa a los particulares, por ejemplo el derecho al voto.

La SCJN determinó que efectivamente un particular puede cometer una ilicitud constitucional (AR 2/2000). Para fines ilustrativos, en los artículos 2°, 4°, 27 y 31 constitucionales encontramos disposiciones que imponen un deber de hacer o no hacer a los particulares. Pero una norma por sí misma no puede surtir efectos, no es un acto de magia. Es necesaria la voluntad de aplicarla, de respetarla, de hacerla realidad.

Basta abrir los ojos para percatarnos de la cantidad de violaciones a derechos humanos que entre particulares suceden frente a nosotros: Un club deportivo negó el acceso a una familia por considerarla “no óptima”;una empresa contrata con la condición de renunciar a sindicalizarse, en este bar se prohíbe la entrada a mujeres, si expresas una opinión distinta a la institucional te envían al más lejano rincón. ¿Hablamos de trabajadoras domésticas? Mejor no.

Se han expresado al respecto destacados juristas, el constitucionalista Eduardo Andrade Sánchez hace unas semanas escribía en estas mismas páginas sobre el tema. Con enorme solvencia el doctor Francisco Javier Díaz Revorio, de la Universidad Castilla-La Manchaen en su más reciente obra “Discriminación y Relaciones entre particulares” (Tirant lo Blanch, 2015), nos da una cátedra del tema. Por cierto mañana ofrece una conferencia en la ciudad de Toluca. (informes en www.pjedomex.gob.mx)

Lo difícil es entender el reto que representa ser la primera trinchera frente a la violación de derechos humanos. Podemos ser víctimas, autores de la violación o un simple ciudadano con una nueva obligación constitucional. ¿Lo hacemos?
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