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Impuesto al turismo

  • Daniel Ávila Ruíz

En varias partes del país se ha propuesto una especie de impuesto turístico. Lo recaudado sería para frenar la inseguridad o bien para que los turistas contribuyan a pagar el costo de su presencia en los destinos turísticos por el uso de servicios públicos o por sus efectos sobre el medio ambiente.

Baja California y Quintana Roo ya han anunciado la aplicación de gravámenes de este tipo. Ahora bien, la implantación de este tipo de cargas tiene que calcularse con mesura y rigor, para que no produzca un efecto dañino para la actividad turística. No es recomendable poner impuestos sin calcular su efecto.

Por ejemplo, en Quintana Roo se anunció que se está analizando un plan piloto para el cobro de un impuesto de 20 dólares al turista por uso de infraestructura. Éste serviría para financiar el programa de recuperación de playas y dotar de mejor seguridad a la industria turística. Por otro lado, en Baja California Sur se anunció un impuesto de 350 pesos al turista que ingrese vía aérea, mismo que desató el rechazo de la industria turística de esa entidad.

El impuesto turístico es una figura tributaria consolidada en muchas ciudades, con la característica de tratarse de destinos con gran atractivo turístico, cultural, histórico o arquitectónico. Más que a regiones, el impuesto se asocia a ciudades con atractivos únicos, que exigen mantenimientos específicos. Sin embargo, no siempre esa finalidad es del todo transparente y a veces se destina dicho recurso a corregir el déficit de financiamiento de otros servicios públicos.

Es evidente que si graváramos todos los viajes y pernoctaciones de los turistas, aunque fuera a una tasa mínima, se obtendrían importantes recursos. En estos momentos, cuando es urgente aumentar los ingresos de las arcas públicas, acudir a nuevas fuentes de ingresos parece una idea formidable.

Sin embargo, hay que entender que un impuesto al turismo puede ser negativo por varios motivos. En primer lugar, puede afectar no solo al turista extranjero sino también al nacional, pues los aviones y los hoteles los usan ambos tipos de turistas. Por otro lado, y quizá mucho más importante, con nuevos impuestos puede haber una pérdida de la competitividad turística del país, pues los turistas pudieran preferir otros destinos.

En este contexto, cabría preguntarse si lo más adecuado es tratar de exprimir el Sector Turístico con planteamientos puramente tácticos, con la única finalidad clara de aumentar la recaudación con objetivos inconcretos, o si, por el contrario, resulta más sostenible y rentable en términos socioeconómicos, establecer un nuevo marco normativo viable y proporcionado a las nuevas realidades sociales de oferta y actores turísticos.

Un marco competitivo y más equitativo, que asegure los mismos derechos para todos los consumidores, que limite las externalidades negativas y contribuya fiscalmente al mantenimiento de los servicios públicos. Sin duda, esta segunda opción se muestra más atractiva desde un planteamiento no solo de equidad, sino desde un punto de vista de eficiencia en la gestión turística.

*Senador por Yucatán. Secretario del Comité Directivo del Instituto “Belisario Domínguez”, secretario de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, Turismo, así como de Reforma Agraria.