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Impunidad electoral vestida de verde / Claudia S. Corichi

  • Claudia Corichi

La reciente negativa de la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía para otorgar una orden de aprehensión al exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la  Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, no sólo ha devuelto a la agenda pública la flagrante violación de la Ley electoral del Partido Verde este 2015, sino que pone en evidencia la falta de capacidad de las autoridades de castigar severamente estas ofensas a la democracia.

A inicio de este 2015, y en vísperas de una intensa jornada electoral, los y las ciudadanas fuimos testigos desde muy diversos espacios de la exorbitante publicidad del Partido Verde en todo el país. Desde boletos al cine, tarjetas con dinero, mochilas repartidas cuadra por cuadra en cada ciudad del país, camiones publicidad y otros accidentados con toneladas de playeras alusivas al Verde, miles de espectaculares, así como los famosos “cine minutos” que según propios documentos del partido costaron poco más de 320 millones de pesos; la pregunta constante era la misma: ¿de dónde sacó tanto dinero el partido “ecologista” para sus campañas?

Hace unos meses en plena designación de su cargo como Subsecretario, Escobar estuvo nuevamente en el ojo del huracán pues su negativa a hacer pública su Declaración Patrimonial solo levantó sospechas sobre lo que ha logrado hacerse desde la política, sobre todo si consideramos que en 2012, en una entrevista para un portal electrónico el dirigente del Verde señalaba que se asumía “como un político profesional, que vive de la política”.

Sin embargo, y aunque la salida de su cargo hace unas semanas fue vista con optimismo por muchos, otros fueron escépticos sobre si el peso de la Ley caería contra Escobar, aunque por ahora sea ya un hecho consumado, la negativa de privar de la libertad al dirigente del Verde, aun cuando los elementos de la investigación dejan en claro su injerencia y responsabilidad en los actos perseguidos por la Fepade. Por su parte, el Verde decidió iniciar una cacería de brujas contra el fiscal como una muestra de su derecho a lo indefendible, y como acto de intimidación a las propias autoridades.

El próximo año en México, tendremos nuevamente elecciones en 12 entidades, por lo que es urgente subsanar las irregularidades, toda vez que la ciudadanía vive en una constante crisis de confianza hacia los comicios, las instituciones y hacia la propia democracia.

Recientemente los resultados del Latinobarómetro 2015, indican que México es el país más insatisfecho de la región con su democracia, el que menos cree en sus autoridades, y uno de los que tiene mayor desaprobación a su Gobierno, incluso por encima de Guatemala, quien hace apenas unos meses destituyera a Otto Pérez por su participación en actos corruptos de la organización conocida como “La Línea”.

Lo que está explícito, no solo es un altísimo grado de descontento social, sino que es de urgente necesidad activar el Sistema Nacional Anticorrupción para hacer justamente, frente a estos actos ilegales, a éste cáncer que carcome la vida del país, la confianza de los ciudadanos, y la propia estabilidad de las instituciones.

Por ahora, está en manos de las autoridades de justicia electoral, materializar los castigos para quien viole la Ley electoral, ya sean amigos del sexenio o partidos afines, o incluso empresarios que permiten este tipo de dádivas. Dicho sea de paso, es necesario reactivar la credibilidad de la ciudadanía con miras hacia los comicios de 2016, pues no es asunto menor, sino incluso de gobernabilidad. No se trata solo de cortar una cabeza nada más, se debe exigir que se desarticulen estas redes que posibilitan la impunidad.

Lo que está en juego no solo es la congruencia de la Fepade y la PGR; sino incluso, la supuesta institucionalidad del Gobierno federal, pues su aliado natural en las urnas, el Verde, hasta hoy todo lo puede, hasta hoy viola la Ley con el auspicio de las autoridades, y en México… no pasa nada.