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In dubio pro reo, in dubio mitius / El Agua del Molino / Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

Quiere decir que en caso de duda hay que estar a favor del reo, y que en caso de duda hay que abstenerse. Es un principio que se remonta a las raíces más profundas del Derecho Romano y que ha sido punto menos que fundamental en la impartición de justicia en occidente, al grado de que se vincula estrechamente con la llamada presunción de inocencia (art. 20 const. Apartado B fr. I) y que es por sí el eje de los derechos humanos (“pro homine”, “pro persona”) hoy reconocidos en la Constitución (arts. 1º y 133). Lo cito porque independientemente de que la Procuraduría General de la República ratificó que el informe sobre un tercer peritaje en el basurero de Cocula (caso Ayotzinapa) “de ninguna manera es unilateral”, el equipo argentino de Antropología Forense cuestionó severamente a los expertos que lo hicieron. Entre sus argumentos más impresionantes resalta el siguiente: “Es indudable que hay evidencia de fuego en el basurero de Cocula. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia para poder ligar los distintos eventos de fuego a los elementos recolectados en el lugar”. No es dato menos relevante la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. ¡Y hasta la fecha no hay una resolución definitiva -qué pasó, qué sucedió- de la autoridad judicial ni nada sólido en el espacio de la investigación, pasándose por alto lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 17 de la Constitución (justicia pronta, completa e imparcial).

En tal virtud y como la duda a que me refiero rompe el principio de la equidad, yo creo que en la especie solo hay un camino: esperar un cuarto peritaje ya que es evidente que el aportado por los expertos de la Procuraduría General de la República no es base sólida ni técnica ni jurídicamente hablando para una consignación ante la autoridad judicial. No hay que perder de vista al respecto que las pruebas periciales, y especialmente en el caso de Ayotzinapa, son o deben ser un apoyo de excepcional valor para que el juez lleve a cabo el proceso y finalmente sentencie. En consecuencia y desde mi punto de vista, son insuficientes las pruebas de la Procuraduría. En este sentido toda duda siembra incertidumbre y, por supuesto, inseguridad. Para poder precisar los hechos del caso es necesario saber con precisión qué es lo que pasó y cómo pasó. En suma, justicia a medias no es justicia. Queda aparte el problema de la incredulidad e incertidumbre de la opinión pública. La mayoría de la gente permanece, ¿resignada?, con lo que dice la autoridad, Ministerio Público y jueces. Pero hay algo de fondo que subsiste, siendo muy riesgoso ignorarlo. Y es que toda duda favorece la desconfianza. El caso de Ayotzinapa es sintomático por la serie de contradicciones que ha habido, inconsistencias e irregularidades. La impresión general es que se oculta “algo”. Digo impresión, fundada o infundada, pero el dato es elocuente. La causa de ello, insisto, ha estado en esas anomalías que desde el primer momento se fueron dando con la señal de ocultar o desviar la verdad, de modificarla, de alterarla. ¿Error, incapacidad? Cómo saberlo. Pero el hecho indiscutible es que si sale a colación el caso de Ayotzinapa la gente opinará con incredulidad, desconfianza y profunda desilusión. El peor enemigo de la justicia es la embromosa cantidad de diligencias que obstaculizan la celeridad en la investigación, sin la que la autoridad judicial permanece atada de manos. Lo indiscutible es por lo tanto que desde la misma averiguación se puede violar lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 17 constitucional. ¿Conclusión? Promover un nuevo peritaje.
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