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Independencia presupuestal del Poder Judicial / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Pronto ingresará Veracruz al selecto grupo de estados que consagran en su Constitución la independencia presupuestal del Poder Judicial, garantía institucional que no existe aún en el ámbito federal y cuyo establecimiento debe ser un objetivo a alcanzar en los próximos años. Por lo pronto, el camino se pavimenta con los avances en los que los estados son pioneros; en este caso, la entidad veracruzana aporta una importante contribución a partir del anuncio hecho por su gobernador, Javier Duarte, de que habrá de remitir una iniciativa al Congreso del Estado para incorporar en la Constitución local dicha independencia.

Este es un asunto importantísimo, cuyo avance se ha dado a cuentagotas, pero afortunadamente continúa. Hace 14 años, en el Congreso Nacional de Derecho Constitucional presenté un trabajo sobre el tema en el que resaltaba la importancia de dar especial atención a las necesidades del Poder Judicial en un país democrático que requiere tribunales sólidos, integrados por los mejores especialistas del Derecho, con oficinas dignas en donde las necesidades materiales estén satisfechas y cuenten con la más moderna tecnología, la cual debe ponerse al servicio, no solo de los servidores públicos que integran tal poder, sino particularmente para beneficio de los justiciables. Nuestros tribunales deben constituir un orgullo para los mexicanos.

Para ello resulta muy conveniente que las constituciones estatales, y también la Constitución federal, establezcan un porcentaje fijo del presupuesto correspondiente para atender las necesidades en materia de administración de justicia. En algunos países, como indicaba yo en aquel trabajo, y sin que el monto estuviera asignado constitucionalmente, se destinaban porcentajes muy altos a la actividad judicial. Colombia, por ejemplo, alcanzaba más del cuatro por ciento, entendible por las condiciones conflictivas en ese país; Venezuela tenía el tres por ciento, Bolivia el tres por ciento. Países de economías poderosas mostraban porcentajes más reducidos: Estados Unidos, 1.48 por ciento y Francia 1.26 por ciento. Las cifras derivadas de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que pude consultar en Internet, correspondientes a 2005, muestran que Argentina destinaba el 1.14 por ciento, Costa Rica 1.4 por ciento, Ecuador 1.8%, El Salvador 2.8 por ciento. Nicaragua asignó en 2005 el 3.3 por ciento, pero ahí sí existe disposición constitucional expresa que impone la obligación de otorgar el cuatro por ciento del presupuesto anual. Paraguay también tiene previsión constitucional que prevé una asignación no menor al tres por ciento.

En el presupuesto federal para 2016, la proporción asignada en México al Poder Judicial Federal es de 1.33 por ciento. Este porcentaje es menor al que el presupuesto veracruzano destinó a la justicia en 2015, que fue del 1.57 por ciento.

En aquel trabajo al que antes aludí, añadía yo que la importancia de elevar a rango constitucional una disposición que señale un porcentaje presupuestal al Poder Judicial, radica en el aseguramiento del pleno respeto a su autonomía. Los gobernados deben saber que los órganos encargados de impartir justicia cuentan con los elementos suficientes para administrarla con eficiencia, profesionalismo y dignidad. Carolina Villadiego Burbano, en un documento publicado en Internet con el título de La Autonomía Presupuestal de la Rama Judicial en el Derecho Comparado, indica que así se evita la influencia del poder político en la distribución de recursos para el Poder Judicial. Bienvenido pues, este avance en el derecho constitucional veracruzano.
eandrade@oem.com.mx