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Índice de Impunidad

  • José Roberto Ruíz Saldaña

A principios del presente año, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia presentó el “Índice de Impunidad de México 2016” (IGI-MEX). Se trata de un proyecto de investigación sobre nuestro país, el cual aprovechó la metodología de evaluación sobre ese fenómeno utilizada en el “Índice Global de Impunidad2015”.

La relevancia del IGI-MEX no solo radica en que ofrece el estado actual en que nos encontramos, sino que concibe la impunidad como “multidimensional y pluricausal”, pues parte de la premisa que la “crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos por la que atraviesa nuestro país” tiene como raíz aquella.

Una revisión a las entidades federativas aplicando el IGI-MEX (en el cual no se incorporó la impunidad atribuible a las violaciones de derechos humanos por falta de información homogénea), arroja que hay grados de impunidad. Así, en el grupo de impunidad baja se ubican Campeche y Nayarit; en el de impunidad media estarían San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas; en el de impunidad alta Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; mientras que en el de impunidad muy alta el IGI-MEX ubica a Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, Estado de México y Quintana Roo. Michoacán tendría una clasificación atípica, toda vez que la situación de violencia vivida los últimos años no genera indicadores con niveles de confianza acorde con esa realidad.

En el IGI-MEX también se señala que en México solamente se denuncian siete de cada 100 delitos cometidos; que los mexicanos sostienen que las dos principales razones por las que no denuncian son por la pérdida de tiempo y por la desconfianza en la autoridad; también que la impunidad es lamentablemente un problema generalizado en el país; además del total de delitos consumados solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

De igual modo, el IGI-MEX establece que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados en el Índice Global de Impunidad (IGI) es de 16. Hay en suma un rezago de impartidores de justicia y ello sería reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. Por su parte, el personal penitenciario responsables de cuidar a los reclusos en los estados es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos cuando el promedio en el IGI es de 47 por cada 100. Mientras que la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30 por ciento respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión.

Hay un círculo virtuoso entre Estado de derecho, derechos humanos y democracia. Crear una cultura de la legalidad y de los derechos servirá para conformar una sociedad democrática. Es necesario trabajar en nuestro país atendiendo esas crisis integralmente.

*Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77            joseroberto.ruiz@ine.mx