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Indigenismo en la capital

  • Eduardo Andrade

Dr. Eduardo Andrade Sánchez

El proyecto de Constitución para la Ciudad de México y las elaboraciones legislativas consecuentes contienen en todos sus capítulos cuestiones altamente preocupantes por la vaguedad de sus contenidos y la invasión de facultades que corresponden a las autoridades federales. Un ejemplo de ello se encuentra en la pretensión de regular la autonomía de los barrios y comunidades indígenas. En este aspecto, en lugar de desarrollar concretamente los principios constitucionales, el proyecto contiene un conjunto de afirmaciones genéricas sobre derechos abstractos que pueden abarcar todo o no significar nada. A los constituyentes debe corresponder centrar el contenido normativo de la Constitución en aspectos que sean susceptibles de recogerse de manera concreta en la legislación ordinaria. Tomando en cuenta que en la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades federativas que tienen claramente determinada el área en la que se asienta una comunidad o pueblo indígena, no existe una delimitación geográfica precisa de los pueblos y barrios indígenas, la primera tarea consistiría regular en la legislación ordinaria las condiciones para el reconocimiento de tales pueblos, barrios y comunidades indígenas. En los dos primeros casos se trata de asentamientos ya afincados en el actual territorio de la capital desde antes de la conquista y en cuanto a las comunidades, éstas estarían conformadas por personas provenientes de distintas regiones de la República que pertenecen a un pueblo indígena.

Las circunstancias excepcionales de la Ciudad de México requerirían normas específicas para dar el reconocimiento correspondiente a estas formas de organización indígena, para ello, por ejemplo, sería necesario que la Constitución prevea las bases de la ley de la materia para otorgar el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México. Ello requerirá un procedimiento que fije los requisitos mínimos a cumplir para que se constituya jurídicamente un pueblo, barrio o comunidad indígena en la Ciudad de México. Para esa finalidad se necesitará el levantamiento de un padrón en el que se registren los habitantes del pueblo o barrio de que se trate y solicitar el reconocimiento del área geográfica que abarca.

En el caso de comunidades indígenas, la autoridad también deberá levantar un padrón de sus integrantes, indicando el pueblo indígena al que pertenecen y la región del país a la que corresponde.

En ambos casos, al inscribirse en el padrón la persona interesada deberá expresar inequívocamente estar consciente de su identidad indígena y de su pertenencia al pueblo, barrio o comunidad de la cual siente formar parte. La ley ordinaria tendría que establecer la manera de comprobar la autenticidad de esa conciencia mediante procedimientos objetivos, como la verificación de la lengua indígena que hable el solicitante u otros que permitan demostrar la pertenencia al pueblo indígena de que se trate. En caso de duda, la autoridad del pueblo, barrio o comunidad definirán la aceptación de la adscripción.

Los empadronados deberían celebrar una asamblea constitutiva, la cual tendría que pronunciarse por lo menos sobre: el nombre del pueblo, barrio o comunidad; los límites geográficos en el caso de los dos primeros, así como los requisitos que deberán llenar quienes aspiren a incorporarse a ellos e igualmente definir sus autoridades y quién o quiénes ostentarán su representación jurídica. Nada de eso está previsto.
eduardoandrade1948@gmail.com