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INE vs. TEPJF / Punto de Vista / Jesús Michel Narváez

  • Jesús Michel

Desde la Reforma Política-Electoral de 2008, bajo el argumento toral de que en las campañas electorales podrían existir recursos de procedencia poco transparente, el Congreso de la Unión emitió una nueva legislación que, en principio, evitaba la compra de tiempos en los medios electrónicos. Más adelante, las prerrogativas asignadas a los partidos tenía “tiene” un fin básico: impedir que dineros ilícitos coopten a los propios institutos y a los candidatos.

La reciente Reforma Electoral de 2014 endureció los requisitos por ejemplo, de gastos de precampaña, de campaña y de actividades ordinarias de los partidos. Se presume que quien no cumpla a cabalidad la normatividad corre el riesgo de no ser registrado como candidato o el propio partido quedar fuera de la contienda electoral de que se trate.

No obstante la claridad de la Legipe y del artículo 41 constitucional, que precisan cómo se retira o se pierde un registro, el TEPJF decidió dar marcha atrás a la sanción impuesta por el INE a los candidatos de Morena, David Monreal y Guillermo Favela por no presentar los gastos de precampaña en tiempo y forma. Los adalides de la democracia estimaron que el INE se excedió, porque los candidatos se “retrasaron, pero después presentaron la comprobación de los gastos”.

La decisión revocatoria del Tribunal provocó una reacción en cadena de los consejeros electorales cuyo argumento menor es que se pone en riesgo la fiscalización de los recursos y se da paso a la impunidad. Habría que decir que tienen razón. Si se falta a la ley y no hay sanción, se llama IMPUNIDAD.
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