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Iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3, en el Senado de la República / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

El pasado 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto, el Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes generales, federales y reformas a la legislación necesarias para la reglamentación integral del SNA.

En este contexto, el pasado 17 de marzo se presentó en el Senado de la República una iniciativa de la sociedad civil para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Iniciativa Ciudadana de Ley 3 de 3. En ella se postula la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Además, la iniciativa define las competencias de la federación y de las entidades federativas en relación con los actos de corrupción del servicio público; define las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, y propone los procedimientos de investigación y el esquema de sanciones correspondientes. En suma, se plantea un rediseño del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a fin de evitar la impunidad en actos de corrupción.

En nuestro país, la corrupción es uno de los principales problemas públicos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se posicionó, en 2015, en el lugar 95 de los 168 países enlistados, en orden descendente de los menos a los más corruptos. Dicho Índice permite observar la situación de cada país en relación con los niveles percibidos de corrupción del sector público.

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos, cantidad equiparable a nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa la pérdida de recursos en programas sociales, productivos, de infraestructura, entre otros, que por esta situación no se llevan a cabo a cabalidad.

Cabe señalar que la Mesa Directiva del Senado dio cuenta al Instituto Nacional Electoral para que verifique que el proyecto está suscrito por el número equivalente de al menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Una vez que el Senado reciba la respuesta del Instituto, se dictará el turno a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación.

Así, la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3 formará parte de las propuestas que se discuten en el Senado en torno a las leyes secundarias del SNA. Actualmente, se han presentado varias iniciativas en la materia por parte de diversos grupos parlamentarios, por lo que se prevé que algunas de las propuestas de los partidos políticos con representación en el Congreso, junto con la propuesta ciudadana, enriquezcan la discusión del dictamen de las comisiones.

En este sentido, suscribí la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3, y la apoyaré en el Senado de la República, porque estoy convencido que ésta abona a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción que ha venido impulsando el Grupo Parlamentaroio del Partido Acción Nacional (GPPAN) en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Suscribí la iniciativa porque ésta es del sentir de más de 291 mil 467 ciudadanos mexicanos. Además, de que cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el CIDE, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras organizaciones de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Finalmente, suscribí la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3 porque estoy convencido que los legisladores debemos trabajar en conjunto y coordinadamente con las instituciones académicas y los organismos civiles, a fin de crear un sistema anticorrupción a partir del cual no haya más margen para que los delitos de corrupción en la administración pública queden impunes.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.