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Irracional dispendio electoral y partidista

  • Alejo Martínez

  • Alejo Martínez Vendrell

Algo está funcionando muy mal con el gigantesco financiamiento otorgado a los partidos políticos. Nunca los partidos habían dispuesto de tan desmesurados montos de dinero y nunca su desprestigio se había elevado tanto; nunca habían tenido tan bajo nivel de adherentes y de simpatizantes. Desde hace 30 años, con la reforma electoral de 1986-87, se comenzó a entregar a todos los partidos registrados dinero en forma directa. A partir de entonces las cantidades de recursos han venido aumentando y aumentando sustancialmente.

Pero no ha sido solo el dinero transferido a los partidos lo que ha venido incrementándose a paso veloz; también los gastos por concepto de supervisión y calificación de los procesos electorales se ha disparado a niveles absurdos e injustificables. Se ha reiterado con gran insistencia que en México padecemos el más costoso y deslegitimado, el más irracional gigantismo del sistema de supervisión y calificación electoral, pero esa persistente insistencia no convendría suspenderla, solo podrá justificarse que se abandone cuando logremos un mínimo de racionalidad en la materia.

Mientras tanto habrá que presionar al máximo posible a la abusiva partidocracia que se resiste a perder tan jugosos privilegios, aunque ocasionalmente finja que quisiera racionalizarlos. En realidad solo intenta cubrir apariencias. Su voluntad y su propósito real lo expresó elevando a rango constitucional la fórmula para determinar la integración de su financiamiento público, de manera que se volviera lo más difícil posible echar atrás la exuberante derrama financiera que se ha venido apropiando.

No solo tenemos al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), a 32 OPLES y 32 tribunales electorales estatales, más la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), sino que succionan recursos públicos en forma permanente, a pesar de que las elecciones solo se efectúan cada tres o cada seis años.

Para colmo, ese enorme costo y esa desmesurada estructura burocrática no han logrado que los procesos electorales obtengan mayor credibilidad y legitimidad. Las violaciones a la abundante normatividad electoral son sistemáticas, ya sea en forma abierta o disimulada y las sanciones con frecuencia son inexistentes o discutibles y criticables. Pareciera que este fenómeno se encuentra vinculado a lo que el experto en materia electoral, Luis Carlos Ugalde, ha planteado con singular sensibilidad.

Sostiene que si bien la democracia y el pluralismo están asociados a menor corrupción, ésta que invade a nuestros partidos, en verdad no es combatida por un pluralismo democrático sino por un eficiente desarrollo de “burocracias profesionales y sistemas legales que sancionan el abuso del poder… lo que contiene la corrupción no es el pluralismo per se sino la existencia de un Estado de Derecho democrático”.

Cuando un país no cuenta con este elemento fundamental, lo que llega a suceder es que “La alternancia y el pluripartidismo con un débil Estado de Derecho invitan a la parranda sin control”. De lo cual concluye que por ese motivo en México “en lugar de que la democracia hubiera estimulado el mecanismo reductor de la corrupción, más pluralismo parece justamente haber detonado más avaricia de los políticos y más niveles de corrupción. Una parranda sin control”.
Prioridad, muy por encima de lo partidista y electoral, debiera ser edificar un Estado de Derecho.
amartinezv@derecho.unam.mx @AlejoMVendrell