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Jorge Galicia

  • Jorge Galicia

El fuero, ¿vigente?

propósito del juicio político que en la Cámara de Diputados se le está preparando a la diputada local por el Estado de Sinaloa, Lucero Sánchez, mejor conocida en el ambiente mediático como “La Chapodiputada”, a quien se le pretende retirar el fuero que la protege de la ley ante cualquier orden de aprehensión por la comisión de delitos de tipo penal en ámbito federal, en virtud de que la PGR la acusa por la aparente falsificación de documentos oficiales que utilizó para ingresar al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y reunirse con el conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, surgen voces que cuestionan el uso o abuso de la figura legal que se conoce como fuero.

Y es que este recurso es una prerrogativa del que gozan servidores públicos, entre ellos senadores y diputados, ante eventuales órdenes de aprehensión y que en términos coloquiales se interpreta como la inmunidad o privilegio para no ser sometidos a procesos judiciales en tanto no se les inicie primero un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados.

Como sabemos, el llamado fuero constitucional fue instaurado a este tipo de servidores públicos como una forma de protección para no ser molestados por sus ideas o formas de pensar, por lo que dicho de otra manera estos políticos no pueden ser procesados por la vía penal mientras gocen de llamado fuero o, para que eso suceda, primero tendrán que ser llevados a juicio político para desaforarlos.

El caso de la Chapodiputada es un ejemplo claro de la protección que da la figura del fuero, ya que aunque la PGR tiene la certeza de que esta persona ha cometido un delito, primero tuvo que documentar con pruebas su solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados y ahora toca a ésta verificar que hay sustento en las acusaciones y no se trata de una persecución relacionada con la libre manifestación de ideas.

Y cuando decimos que ante este asunto surgen voces para cuestionar la figura del fuero, es porque desafortunadamente muchos servidores públicos, según los considerados en el artículo 111 constitucional, han malinterpretado el espíritu del precepto y con frecuencia lo confunden con impunidad total para hacer desmanes, para malversar fondos públicos, para proteger a grupos delictivos y hasta para atropellar los derechos humanos solo por el hecho de tener fuero. Ese es el problema.

Casos de desafuero, recordamos los aplicados al senador Jorge Díaz Serrano, quien fue enjuiciado y encarcelado por fraude a la paraestatal Pemex, donde fungió como director; por desacato a un mandato judicial, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser separado del cargo de jefe de Gobierno del DF, para luego ser sujeto a proceso penal.

En este recuento, se encuentra también el desafuero del diputado federal Julio César Godoy Toscano, acusado penalmente de formar parte del grupo delictivo “La Familia” que operaba en Michoacán, caso que fue muy sonado porque antes de enfrentar la ley, el personaje se dio a la fuga y su estatus actual es el de “prófugo”.

Son precisamente este tipo de casos delictivos los que con frecuencia el fuero impide la inmediata aplicación de la justicia, por eso seguramente es que surgen voces que piden la eliminación de esta figura, aunque también hay quien opina que no se elimine y solo se actualice con la idea que dichos servidores sí sean sometidos a procedimientos penales ante la posibilidad de la comisión de un delito, pero que continúen en funciones hasta que se dicte la sentencia condenatoria respectiva. En fin, seguramente habrá muchas otras propuestas al respecto, pero bien vale la pregunta ¿el fuero está vigente?

jorgelgalicia@yahoo.com.mx