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Justicia pronta y expedita / Libertad Bajo Palabra / Pedro de Léon Mojarro

  • Pedro de León Mojarro

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”

Simón Bolívar
Estamos a cinco meses de que se cumpla el plazo establecido en 2008, cuando entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia penal y después de ocho años, lamentablemente no se ve por donde se pueda cumplir.

La transición implicará pasar de un sistema escrito y con alto margen de discrecionalidad, a uno oral, en donde de acuerdo con legislación deberán ser garantizados entre otros, los principios de publicidad, presunción de inocencia, y el respeto a los derechos de las víctimas.

Se trata de un cambio profundo en la impartición de justicia penal, el plazo de casi una década para concretarlo se antoja insuficiente por el giro en las mentalidades que exige a los distintos actores, principalmente a los abogados, que intervienen en los procesos penales.

No obstante las dificultades, la transición es necesaria y urgente ante la Impunidad que prevalece en la impartición de justicia.

En el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, México aparece en el segundo lugar entre los países con mayor impunidad, como consecuencia del “incremento de la corporativización del crimen organizado”, deficiencias en el sistema de seguridad y la lastimosa corrupción.

Según Azaola Garrido, investigadora del CIESAS, “el 59 por ciento de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores, mientras que el 40 por ciento de las personas sujetas a prisión preventiva podrían estar en libertad”.

Según datos del CIESAS, la cantidad de presos en prisión preventiva sin sentencia ronda el 47 por ciento, México es el sexto país con más población penitenciaria en el mundo, ascendía a 260 mil internos a inicios de 2015; más de 100 mil presos están esperando que se les dicte una sentencia. De 620 mil detenidos en operativos contra el narcotráfico durante la administración anterior, 500 mil fueron liberados por falta de pruebas.

A mediados de enero, de este año, María de los Ángeles Fromow, secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, anunciaba que el nuevo sistema cubría ya al 70 por ciento de la población, y que en el primer trimestre de este año se espera cubrir al 80 por ciento. Sin embargo, la funcionaria también señalaba 11 reformas pendientes, entre las que se encuentran la del sistema penitenciario y una en materia policial; el Congreso tendrá que trabajar en ellas durante el periodo de sesiones que inicia.

Para erradicar la impunidad que tanto agravia y divide a los mexicanos, no hay otro camino que un sistema de justicia penal eficaz, oportuno, expedito y que funcione para todos por igual, tengan o no la posibilidad de pagar a un buen abogado.

Ojalá que el ya no tan nuevo, aunque todavía no termina de instalarse, sistema de justicia penal, basado en la oralidad, traiga la respuesta a la recurrente demanda de JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA.

Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.

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Sitio Web: www.pedrodeleon.mx

* Miembro de Unidos Podemos A.C.