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Justicia social… ¿retórica del pasado?

  • Raúl Aarón Pozos

  • Raúl Aarón Pozos Lanz

El concepto de justicia social, que los estudiosos de la materia suelen ubicar hacia mediados del siglo XIX y ven su origen en la justicia distributiva establecida en la antigua Grecia por el filósofo Aristóteles, se resume simplemente en la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.

La justicia distributiva de Aristóteles se encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes imprescindibles como podía ser la educación o la alimentación. Hoy, el concepto abarca el respeto a los derechos humanos y que las clases sociales menos favorecidas cuenten con oportunidades de desarrollo.

Claro, del ideal aristotélico fundacional a la realidad de nuestros días, el término justicia social ha tenido desde un uso maniqueo hasta un abuso demagógico que se identifica principalmente con la política y los políticos. En otras palabras, al pasar a la práctica el concepto se ha venido degradando hasta convertirse, para el imaginario popular, en mentira.

Hay que aceptar que el abuso del concepto, el incumplimiento de su razón de ser, ha contribuido a alejarnos a los políticos y a los gobernantes de la ciudadanía, cuya aspiración de justicia social no se limita a esperar el reparto sino a lograr condiciones de vida que le permitan vivir mejor.

Tampoco ignoramos esa aspiración ciudadana. Los políticos como servidores públicos sabemos que debemos y tenemos que cumplir con esa aspiración. Si antes se ignoró e incluso se engañó al pueblo con la promesa de justicia social que nunca llegó, hoy ya no tenemos esa posibilidad si queremos seguir siendo servidores públicos.

Contra lo que se pueda decir, ahora tenemos acciones y ejemplos claros de lo que se puede hacer desde el Gobierno para lograr la justicia social. Uno de esos ejemplos es la reforma que el Ejecutivo federal presentó y el Legislativo aprobó, en torno a las telecomunicaciones en nuestro país.

¿Qué se ha logrado?

Entre enero de 2014 y diciembre de 2015 se eliminaron los cobros por larga distancia nacional y los precios de los servicios de telecomunicaciones se redujeron en promedio casi 20 por ciento.

Entre el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2015, el PIB del sector de telecomunicaciones creció 10.6 por ciento, cifra muy superior al crecimiento del 2.6 por ciento registrado en el mismo periodo por el PIB
total.

Al tercer trimestre de 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) registró un aumento de 6.7 mil millones de dólares con respecto al mismo periodo de 2014. La IED en el sector representó cerca del 12 por ciento del total de IED registrada en el país.

Entre 2012 y 2015 las suscripciones de banda ancha móvil prácticamente se duplicaron, al pasar de 23 a 45 suscriptores por cada 100 habitantes. En el último año el número de usuarios de internet pasó de 44.4 a 57.1 por cada 100 habitantes.

Se contrató internet en más de 101 mil sitios públicos, cumpliendo la meta establecida para 2015 y el 31 de diciembre de 2015 cesó la transmisión de señales analógicas de televisión abierta, liberando la banda de 700 MHz que será utilizada por la Red Compartida. Para esto, se entregaron 10.2 millones de televisores a hogares de escasos recursos.

La SCT, en coordinación con el IFT, publicó las bases de licitación de la Red Compartida, para prestar servicios de telefonía móvil e Internet. Permitirá tener más cobertura, más calidad y menores precios.

Hay en estas reformas en telecomunicaciones una motivación de justicia social. Al modificar las leyes, al hacer más accesible y más baratas las comunicaciones, se logra igualar a los ciudadanos que ya tenían esa comunicación porque podían pagarla con los que no la tenían por no contar con los recursos suficientes.

Es así como podemos revalorar el concepto de justicia social, con acciones que generen igualdad favoreciendo a los que menos tienen y sacarlo del ámbito de la demagogia y la mentira en que lo ubicó el pueblo y con razón, por culpa de la política y los políticos.

El proceso no será fácil ni rápido. Los agravios a la sociedad se han acumulado a lo largo de décadas, y ganar su confianza de nuevo tiene que partir del principio aristotélico de justicia distributiva, pero con el acento moderno se implica la incorporación al desarrollo… el tiempo y la aplicación dirán.