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La burra no era arisca…

  • Gabriela Mora

En el año 2014, a raíz del escándalo de “la Casa Blanca”, el Presidente ordenó una investigación sobre él mismo cuyas conclusiones nadie creyó dado que éstas las realizaría el detective que el mismo Peña designó: Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública; Enrique Peña Nieto  fue absuelto y, pese a su inocencia, ofreció una disculpa…

A veinte meses de los hechos, tras la promulgación de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la renuncia del Secretario de la Función Pública en espera de la designación de un Fiscal Anticorrupción, el perdón presidencial clama con mayor contundencia la comprensión de su pueblo agraviado, indignado y dolido, lo cual se reflejó en las urnas el pasado 5 de junio, ante éste y los escandalosos excesos estatales patrocinados por representantes del partido en el poder.

Lo cierto es que el presidente Peña no se trata de un problema cultural, puesto que en ese caso no tendría sentido crear nuevas instituciones con sus correspondientes reglas para combatirla: Con la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, la administración Peñista reconoce la corrupción representa un problema institucional; y es así que uno de los puntos más positivos del nuevo planteamiento legal radica en que no sólo se aplicará al sector público federal, llegará a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y a los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal).

Sabemos que el tema ha sido uno de los principales dolores de cabeza de la Nación; como antecedente de la hasta nuestros días Función Pública, vayamos hasta el mes de enero de 1983, inicios del Gobierno de Miguel de la Madrid, quien creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, derivado de la cruenta crisis económica por la que atravesaba el país, con el ánimo  de generar confianza en el gasto público y transmitirla a la sociedad mexicana; sin embargo, la Dependencia ha sufrido diversas mutaciones, el 28 de diciembre de 1994 se modifica el nombre de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,  en 1996 surgió el Sistema de Adquisiciones Compranet, a fin de dar transparencia a las compras y licitaciones gubernamentales. Finalmente, el 10 de abril de 2003 con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública Federal, nuevamente se modifica su denominación por la Secretaría de la Función Pública.

Ha sido ésta, además de otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación, las que han sido presentadas en diferentes  momentos en un intento de dar solución al problema de la corrupción… Hoy, comienza a ver la luz el Sistema Nacional Anticorrupción, al que como a los anteriores y pese a nuestra muy comprensible escepticismo, hemos de darle el beneficio de la duda.

El nuevo sistema propone la creación de nuevas instituciones, como un comité coordinador cuyo presidente surgirá de manera rotativa de un comité de participación ciudadana, manteniendo instituciones ya existentes con atribuciones más amplias. La Auditoría Superior de la Federación amplía facultades para fiscalizar al Gobierno federal y a sus entidades, pero además, todas las operaciones que involucren recursos federales, incluyendo participaciones a Estados y municipios.

A su vez, los estados tendrán que crear sus propios sistemas anticorrupción con reglas que establece la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; habrá una nueva fiscalía especializada en corrupción designada por el Senado de la República -lo cual en mi humilde opinión es un punto en contra dada la politización del tema-, misma que será independiente, con lo que se evitarán cuestionamientos como los lanzados a Virgilio Andrade en temas como el de la Casa Blanca.

En fin, se generarán códigos de ética y protocolos de actuación con lo cual se definirán temas como el de conflictos de interés, de cual en otros países existen reglas para definirlo dado que no necesariamente es un acto de corrupción sino una situación en la que un funcionario puede tomar decisiones que favorezcan a persona física o moral de manera indebida, para lo cual hasta ahora en México no existen reglas.

Especialistas en el tema de lucha contra la corrupción se muestran  optimistas con el nuevo sistema, señalando un avance significativo… La duda cabe, “la burra no era arisca, así nos hicieron…

gamogui@hotmail.com