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La CNDH contra el derecho a la vida (I)

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

El pasado 22 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una “demanda de acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Congreso y el gobernador del Estado de Veracruz con relación al segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adicionado mediante decreto número 912, publicado en la Gaceta Oficial del estado en edición extraordinaria de fecha 23 de agosto del presente año, considerando violados –paradójicamente- los artículos 1º, 4º, 124 y 133 constitucionales, 4 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 11, inciso f, y 16 inciso e, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y 1, 2 inciso c, 3, 4 incisos a, b, c y e, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al estimar que han sido vulnerados los derechos de dignidad de la persona, a la vida privada, a la integridad personal, sexuales y reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad y plan de vida, de protección de la salud y a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

Sin embargo, con ello la CNDH, lejos de demostrar que estamos avanzando en la tutela y salvaguarda de los derechos humanos, nos deja claro que cada día como sociedad damos un paso atrás en nuestras conquistas jurídicas, porque esta acción es justamente eso: un paso regresivo en la historia de los derechos humanos, al erigirse dicha institución en paladín de la desprotección jurídica total del nasciturus (persona antes de nacer) solicitando a la SCJN le sea nugatorio a éste, de facto, el derecho máximo: su derecho a la vida.

Desde el momento mismo en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide las ciencias biológicas nos confirman que ha sido concebido un nuevo ser humano, único e irrepetible, que por el mismo hecho de constituir un nuevo ser y ser éste humano, tiene todo el derecho a la protección jurídica, de la cual el derecho a la vida -como lo afirma la sentencia número 53/1985 del Tribunal Constitucional de España- es el “derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”. Y es que invocar este planteamiento cobra particular relevancia porque la tendencia en el Derecho Internacional desde hace casi un siglo es a manifestarse en favor de la protección de la vida humana desde su concepción. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), suscrita por la Organización de las Naciones Unidas, declara: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3). El Pacto de San José de Costa Rica (1969), a su vez: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (artículo 4.1). Y el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (artículo 4). Convención que incorpora con ello dos obligaciones, una positiva, en el sentido de que los Estados parte deban tomar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida y una negativa, en el sentido de que nadie puede ser privado de su vida de modo arbitrario.

Al día de hoy, la SCJN ha admitido la demanda de la CNDH y su segunda sala habrá de pronunciarse al respecto, pero el tema es por demás delicado y profundo, dado que su deliberación está interconectada con la despenalización del aborto y existen graves contradicciones frente a los principios en favor de la vida que sustentan al respecto, justamente, la Constitución, el Código Penal Federal y, sobre todo, los ordenamientos civiles federal y estatales. No olvidemos que salvo el caso de Michoacán, 31 estados protegen localmente al nasciturus desde el momento mismo de su concepción. A este punto, la pregunta es ¿qué subyace en el fondo? Desde mi perspectiva y como me permitiré comprobar la próxima semana: una equivocada y demagógica defensa genérica, en este caso de los derechos de la mujer, frente a la prevalencia del derecho supremo de todo ser humano, el derecho a la vida, que hoy desconoce y pretende invalidar el órgano supremo encargado de los derechos humanos en México.
bettyzanolli@hotmail.com

@BettyZanolli