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La CNDH contra el derecho a la vida (II)

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece de manera expresa el derecho a la vida. En 1917, el texto original refería en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional que nadie podría ser privado de la vida, pero el 8 de noviembre de 2005 el Congreso de la Unión reformó dicho precepto, suprimiéndolo e incorporando en el primer párrafo del artículo 22 la prohibición a la pena de muerte. Al respecto, es oportuno destacar que en la propia exposición de motivos que dio origen a esta reforma, el Constituyente precisó: “ningún ser humano puede tener derecho de disponer de la vida de un semejante”, al ser éste el derecho humano por excelencia y “condición necesaria para que existan y se respeten los demás”. Sin embargo, desde el momento en que nuestro país reformó en 2011 el artículo 1º del Texto Supremo al establecer que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, … favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, implícitamente quedó contenido en nuestra Carta Magna el derecho a la vida. Derivado de lo anterior, la pregunta es: ¿tiene derecho a la vida el nasciturus, “el que no ha nacido”, o sólo lo puede tener quien alcanza la categoría de “persona”? Siendo rigoristas nuevamente y conforme al Texto Constitucional, hay un vacío en éste por cuanto al momento en que comienza la protección jurídica del ser humano. Sin embargo, el artículo 22 del Código Civil Federal –ordenamiento integrante de la Ley Suprema de la Nación- establece que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código”, precepto que además de estar contenido en 31 Códigos locales, está refrendado por 19 entidades en sus respectivas Constituciones locales, 13 de las cuales han substituido ya el concepto de persona o individuo por el de “ser humano”: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Así, hoy más que nunca, es evidente que la conceptualización de persona como figura jurídica heredada del Derecho Romano, ha quedado rebasada a más de dos mil años de distancia y es anacrónica frente a los avances científicos o ¿ acaso la etapa intrauterina por la que transita todo ser humano dentro del claustro materno no es condición para tener vida independiente y primer estadio de su desarrollo?

La genética contemporánea confirma que a partir de la fecundación existe un ser humano en toda su potencialidad biológica porque el embrión es la forma más joven de un ser humano. Por eso, erigido el Estado en defensor y garante de los derechos humanos, frente a la realidad biológica y óntica que representa la esencia humana embrionaria, es su deber proteger y tutelar su derecho a la vida. ¿Por qué entonces la CNDH interpone una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Constitucional del Estado de Veracruz si otros 18 estados tutelan constitucionalmente al nasciturus: 11 desde el momento de la concepción y 8 desde la fecundación? El organismo se justifica esperando que la SCJN se pronuncie “definitivamente” sobre la “validez del contenido normativo de esa disposición para el respeto de derechos humanos” para “otorgar el mayor ámbito de libertad a las personas”, luego de que la Corte “ha realizado pasos progresivos a favor de la defensa de los derechos de las mujeres… derechos sexuales y reproductivos, de libre desarrollo de la personalidad, protección de la salud, libre número y espaciamiento de los hijos”, pero he ahí el gran conflicto de derechos: ¿pueden tener estos últimos jerarquía superior al derecho a la vida de un nuevo ser humano?

Desproteger al nasciturus es tanto como declarar nugatorio el derecho a la vida de la especie humana, porque al posibilitar la liberalización a ultranza del aborto, se constitucionalizaría el potencial genocidio de todo nasciturus. Si en verdad la CNDH pretende defender los derechos de las mujeres, debería intervenir y promover acciones gubernamentales que incidieran en la instrumentación de una seria y profunda política pública de educación sexual y de prevención del embarazo y no coadyuvar a que la SCJN termine de legitimar la asaz discriminación y muerte de los nascituri: origen de la vida humana. Ningún derecho humano puede prevalecer sobre el derecho a la vida. ¿No es aberrante que en México mejor se le reconozca al nasciturus el derecho a heredar que el derecho a vivir? Solo en una sociedad en la que privan los antivalores esto puede suceder.
bettyzanolli@hotmail.com

@BettyZanolli