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La cojera local del sistema anticorrupción

  • Jorge Javier Romero

El arreglo político mexicano ha sido, desde sus orígenes, un orden depredador de rentas públicas, vendedor de protecciones particulares y negociador de la desobediencia. La administración pública ha sido tradicionalmente un botín a repartir entre los allegados y las clientelas, para garantizar lealtad política y aquiescencia social. Controlado por coaliciones estrechas de intereses, el Estado ha cumplido con su objetivo básico de reducción de la violencia gracias a esos mecanismos, que han permitido la utilización patrimonial y privativa del poder público.

Desde el sistema de venta de privilegios y cargos de origen castellano, en México lo público ha sido concebido como objeto de apropiación privada y no como el espacio que permite la convivencia equitativa. Cuando finalmente se consolidó una organización nacional con ventaja en la violencia capaz de controlar todo el territorio, en los tiempos de Porfirio Díaz, sólo logró atemperar su enrome problema de agencia permitiendo con laxitud el cobro privado por los servicios públicos. Cada funcionario de ventanilla, cada policía de esquina, podía negociar interpretaciones favorables de las leyes o los trámites a cambio de una mordida. Así aprendió a lidiar la sociedad con el Estado, de ahí que la corrupción no sea un asunto cultural o moral, sino institucional.

Este arreglo se ha reproducido por todo el país con consecuencias catastróficas para la eficiencia social y la equidad. En un sistema donde todos los servicios del Estado, el acceso a la salud, o a la seguridad se venden de manera privativa, los más ricos o los intermediarios con clientelas bajo su protección sacarán siempre ventaja, mientras los más pobres quedan a merced de la arbitrariedad, al margen de la protección jurídica y de los derechos sociales básicos. Las principales víctimas de la corrupción son, así, los más pobres.

De ahí que la auténtica reforma estructural pendiente del Estado mexicano es la que ponga coto eficaz a la apropiación privada de las rentas públicas y a la utilización de los puestos del Estado en beneficio de intereses privados. Se trata de una cirugía mayor que ha empezado ya con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero que, como era de esperarse, se ha enfrentado con obstáculos ingentes en su puesta en marcha. El Senado de la República ha incumplido con la reforma constitucional que sus propios integrantes votaron y no han nombrado al fiscal anticorrupción y tampoco se ha integrado la nueva composición del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el núcleo jurisdiccional del nuevo arreglo institucional.

Pero donde más lentamente ha ido avanzando la construcción del nuevo entramado es en buena parte de las entidades federativas.Si bien en 31 entidades se han hecho ya las reformas constitucionales necesarias yen 29 de ellasya existe el sustento legal para construir sus sistemas locales anticorrupción, no en todos los casos la reforma a la respectiva constitución local satisface los criterios del modelo nacional planteado por las organizaciones civilesy en el caso de Baja California la reforma ha sido claramente insuficiente, mientras que Chihuahua no ha llevado a cabo su reforma constitucional. Por lo que toca a la legislación reglamentaria, también existen deficiencias de diseño en 8 de las 29 entidades que ya han legislado. En la Ciudad de México, por ejemplo, se ha politizado el nombramiento del secretario técnico del sistema.

El lento ritmo de reforma y las resistencias que se han enfrentado son muestra del misoneísmo que en este terreno existe entre los políticos mexicanos, especialistas en las reglas tradicionales de utilización patrimonial de lo público.

De ahí que para Nosotrxs sea crucial el desarrollo del marco normativo local del sistema anticorrupción: urge completar el cambio legislativo y el desarrollo orgánico de los sistemas locales, para que la ciudadanía de cada entidad pueda poner la ley en sus manos y se convierta en garante del combate a este mal endémico de nuestro arreglo estatal. Combatir la corrupción con las leyes es uno de nuestros principales objetivos, pues se trata de una lucha contra la desigualdad y la injusticia, no sólo una causa moral.

Cofundador de Nosotrxs

@NosotrxsMX