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La Corte en el centro de la polémica / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

La Suprema Corte abordará el espinoso tema que popularmente se considera como la legalización del uso de la marihuana con fines recreativos. El proyecto  elaborado por el ministro Zaldívar Lelo de Larrea va en el sentido de conceder el amparo que lo autorice, en cuanto los quejosos están protegidos por el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y la norma prohibitiva no les sería aplicable, por estar viciada de inconstitucionalidad.

Se trata de un asunto muy polémico, objeto de debate nacional e internacional que, esencialmente, supone la definición de una política pública respecto del tratamiento aplicable a sustancias ahora prohibidas por la ley. En ese punto se ubica una preocupación central en torno al papel que debe jugar un Tribunal Constitucional en la definición de políticas públicas porque, en rigor,  la cuestión planteada no es intrínsecamente un conflicto de intereses que deba ser resuelto por el Poder Judicial, sino un intento de establecer la autorización para el consumo lúdico de la mariguana a través de una resolución jurisdiccional. Entiendo que los jueces no pueden establecer diferencias en cuanto a la intención de quien ejercita una acción, pero tampoco puede desconocerse que a todas luces se  trata de una cuestión artificialmente creada, para usar a la justicia como instrumento de un interés cuya satisfacción podría encontrarse en otro ámbito, sin introducir en tan ríspido debate a la Suprema Corte.

Los promotores de la legalización tienen importantes argumentos a su favor. Voces autorizadas en el mundo recomiendan enfrentar el problema de las drogas mediante su regulación legal, en lugar de una guerra que no ha reducido el consumo ni las adicciones y sí ha incrementado la violencia.  Pero la cuestión de fondo es si esta promoción no debería quedar en el plano de la búsqueda de decisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, a través de un tratamiento legal diferente, en lugar de colocar a nuestro órgano jurisdiccional supremo en la disyuntiva de pronunciarse por lo que rigurosamente es una determinación más política que jurisdiccional y que debería ser principalmente un asunto de cabildeo ante los órganos legislativos y las instancias administrativas  que tienen que ver con el combate a las drogas, y no de demandas judiciales en busca de una sentencia.

La cuestión es de tal magnitud que, a mi manera de ver, no es suficiente el debate entre juzgadores, así sean de la más alta capacidad y el máximo nivel, ya que lo adecuado sería una intensa discusión pública y la obtención de un consenso social al respecto.

De acuerdo con la Norma Suprema, habría asideros para validar la ley en sus términos. Puede sostenerse que el derecho a la salud, protegido en el artículo 4º, abarca la posibilidad de reglas que eviten que las personas atenten contra su propia salud y que el libre desarrollo de la personalidad no justifica tal atentado. La existencia de delitos contra la salud, prevista en el artículo 22, podría interpretarse en el sentido de que el legislador debe definirlos, ejerciendo su facultad de libre configuración y tomando en cuenta sus atribuciones constitucionales para legislar en materia de salubridad general.

Por otra parte, existen importantes razones sociales, económicas, políticas y de seguridad pública en favor de la posición asumida por el ministro Zaldívar, pero ¿debe la Corte “sacar las castañas del fuego” en sustitución de los poderes que tendrían la responsabilidad de legislar al respecto?
eandrade@oem.com.mx