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La Corte limita libertades

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Y HACE BIEN. El aval de la Suprema Corte a la constitucionalidad del internamiento preventivo y el resguardo domiciliario aplicados en la justicia para adolescentes son, a mi juicio y también a juicio de un amplísimo sector de la sociedad, pasos en la dirección correcta para evitar que el nuevo sistema penal, pese a los importantes valores que lo inspiran, termine por sufrir el absoluto rechazo de una sociedad profundamente lastimada por el delito y eso conduzca no solo al sistema en sí, sino también al Poder Judicial, al desprestigio y la deslegitimación.

La Corte cumple una función de equilibrio entre la protección del interés individual y la salvaguarda de la vida colectiva buscando ese difícil justo medio, que en este caso no queda precisamente en el centro, pues debe inclinarse ligeramente a favor de la comunidad.

Esta afirmación, que contradice la moda de colocar el interés personal sobre el colectivo, obedece a las profundas bases del Estado Democrático de Derecho, el producto más acabado de la cultura occidental para alcanzar la máxima protección de la persona.

Los juzgadores no debemos perder de vista las lecciones teóricas y filosóficas sobre el Estado y la Constitución. La esencia contractualista que inspira nuestro modelo constitucional, parte de la premisa de que el Estado aparece para proteger a las personas del daño que pueden infligirle otros miembros de la sociedad en un estado de libertad sin freno, en el que cada individuo pueda hacer todo aquello que su voluntad y su fuerza le permitan.

Las actuales tendencias aparentemente protectoras de los derechos humanos suelen olvidar la premisa hobessiana de que en estado de naturaleza “el hombre es el lobo del hombre” y que la sociedad se constituye en Estado, con una autoridad centralizada, para dar seguridad a sus integrantes. Esa es su justificación y su más ingente función. La seguridad de cada uno depende de limitar la libertad de todos. Si mucho me apuran, el Estado surge para limitar la libertad no para garantizarla al extremo de que cada quien pueda hacer lo que le plazca. El posible empleo abusivo de ese poder, se corrige por medio de la voluntad general expresada en la Ley. Solo el Derecho democráticamente establecido puede fijar los límites a la libertad que resultan aceptables para la sociedad.

El Derecho penal determina límites que atienden a un delicado triángulo cuyas proporciones debe cuidar el impartidor de justicia. Su justificación deriva de que una conducta es delictiva porque vulnera la convivencia social, el menoscabo que sufre la víctima trasciende a la comunidad, cuando un conflicto atañe a particulares los remedios los otorgan otras ramas jurídicas. La sociedad es pues el vértice superior, en los otros están el procesado y la víctima.

La interpretación propersonae no puede atender solo a uno de ellos, en particular cuando lo más favorable al procesado puede resultar lo más perjudicial para la víctima. La filosofía de la Constitución al respecto no es otorgar tal protección a una persona que desproteja a todas las demás. El individualismo llevado al extremo en su propósito de protección individual, acaba perjudicando a todos, suprimiendo al Estado y consagrando el estado de naturaleza.

La Corte no está para dictar sentencias que satisfagan el gusto popular, pero tampoco puede dar la espalda a las convicciones colectivas al resolver en abstracto sobre constitucionalidad. Para que la Constitución sea realmente “vivida” por un pueblo, éste debe sentir que ella responde a sus necesidades.
eduardoandrade1948@gmail.com