imagotipo

La Corte no cumple antojos…

  • Eduardo Andrade

Dr. Eduardo Andrade Sánchez

…ni endereza jorobados. Y eso era precisamente lo que pretendían que hiciera una abrumadora mayoría de los miembros del Congreso del Estado de México quienes, a través de una improcedente acción de inconstitucionalidad, le pasaron a los ministros la papa caliente de la legislación en materia de uso de la fuerza pública que habían aprobado.

La Constitución federal prevé que una minoría equivalente al 33 por ciento de un Congreso local pueda cuestionar la constitucionalidad de una ley. Desde la reforma de 1994 quedaba claro que se pretendía proteger a la minoría frente al avasallamiento de una mayoría que hubiese aprobado normas inconstitucionales. No se trata de un instrumento político para oponerse, como parecieron considerarlo algunos ministros, sino de un medio para corregir un abuso antijurídico de la mayoría.

Pero 68 de los 75 legisladores mexiquenses decidieron objetar la legislación que ellos mismos habían aprobado, por estimar que podría ser inconstitucional. Tal conducta, que nunca antes se había presentado en ningún Congreso, implicaba desresponsabilizarse de su trabajo legislativo respecto de una ley altamente polémica, cuya vigencia suspendieron hasta que la Corte resolviera sobre su acción, dejando a cargo de ésta determinar si el producto de su función legislativa era o no constitucional, con lo cual de pasada le endosaban al máximo tribunal las inconformidades que surgieran de la aplicación de dicha ley.

Constituye una verdadera aberración que una mayoría que aprobó una ley luego la impugne. Los congresos son también órganos garantes de la Constitución. La función legislativa supone una interpretación del texto constitucional al que deben conformarse todas las leyes, por eso estas gozan de una presunción de constitucionalidad. Si los congresistas dudan de la constitucionalidad de un precepto no deben aprobarlo y si después de hacerlo se arrepienten por creer que viola la norma suprema, deben reformarlo. No es aceptable que renuncien a su tarea legislativa o la efectúen a medias para después transferir a la Corte la función de revisar su trabajo. Eso atenta contra la división de poderes al tratar de convertir al Tribunal Constitucional en cámara revisora.

Con toda razón, una ajustada mayoría de ministros rechazó la intención de ser tratados como una especie de secretarios técnicos de un Congreso local, lo que hubiera sentado un funesto precedente. Bien dijeron algunos de quienes aprobaron la improcedencia, que no se trataba de resolver cuestiones constitucionales señaladas con precisión, sino de realizar una consulta a la Corte sobre la constitucionalidad de una ley, cuyo apego a la Constitución es en principio responsabilidad de sus propios autores.

Los ministros que pugnaban por la procedencia manifestaron una entendible preocupación consistente en evitar el escenario de que al estimar que una mayoría no está legitimada para interponer una acción de este tipo, tal mayoría con mala intención pudiera bloquear el intento sincero de una minoría para invalidar una norma inconstitucional, sumándose a la petición. Ese problema se resuelve, como lo hizo finalmente la Corte, indicando que la acción solo puede ejercerla una minoría y a esta le basta con no dejar que se le sumen los interesados en deslegitimarla… a no ser que entre todos pretendan lavarse las manos, lo cual se impide con la correcta decisión de no validar que la mayoría que aprobó una ley vaya a cuestionarla ante la Suprema Corte.
eduardoandrade1948@gmail.com