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La crisis de la desaparición forzada

  • Angelica de la Peña Gomez

  • Angelica de la Peña Gómez

Nadie puede dudar que en México la desaparición involuntaria de personas, ya sea perpetrada por agentes del Estado, por su aquiescencia, o por la delincuencia organizada, es un terrible fenómeno propio de un Estado que sobrevive una cruenta guerra.

No estamos enfrentando lo padecido en dictaduras como las de Brasil, Argentina o Chile, o durante un conflicto armado interno como Colombia, solo por hablar de América Latina, sin embargo, a pesar de que los datos son aún imprecisos reflejan situaciones propias de un Estado fallido, en el que muchas situaciones fuera de control han derivado en tragedias que para muchos analistas están en el umbral de los crímenes de lesa humanidad.

Debemos reconocer que fue un error la falta de una respuesta contundente por parte de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, que detuviera a Felipe Calderón en su determinación de enfrentar a los traficantes de drogas como si fueran contendientes en una guerra civil.

En ese sexenio maldito comenzamos a observar los reclamos cotidianos de familias que, sin distinción de clases sociales, buscaban a sus seres queridos; su desesperación, dolor e impotencia dieron paso a la desconfianza hacia las autoridades que no investigaban a otras autoridades involucradas en las desapariciones. Autodidactas, aprendieron el dónde y el cómo de la desaparición.

Es inevitable sentir un profundo desazón al escuchar el calvario de estas familias frente al monstruo de la impunidad, creado por el desastre gubernamental que no ha sabido o no ha querido atender sus denuncias.

El horror toma el nombre del Ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, Coahuila, cuya investigación no puede esclarecer a cuantas personas corresponden los miles de restos óseos encontrados; o de Allende, también en Coahuila, masacre de la que también se desconoce el número exacto de víctimas.

La atrocidad alcanza a Nuevo León, con un cementerio clandestino con 56 cuerpos en el Cerro del Fraile, en el municipio de García. También Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, con sus fosas clandestinas con decenas de cuerpos, incluidos los 72 migrantes desaparecidos y asesinados en 2010.

Hasta la fecha, el municipio de Iguala, Guerrero, es donde más fosas clandestinas se han hallado, 63 con 133 cuerpos. Todavía se ignora dónde están los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías municipales. Las organizaciones de familiares reclaman más de 300 personas desaparecidas solo en esta parte de la entidad.

La pesadilla pareciera sin fin, y alcanza un nuevo y horripilante nivel en las Colinas de Santa Fe, un predio localizado a 15 minutos del puerto de Veracruz, en el que hasta ahora se han encontrado 253 cráneos.

¿Qué más necesitamos descubrir para lograr la voluntad política necesaria para aprobar la Ley General contra la Desaparición Forzada y la cometida por particulares?

Esta ley será la primera respuesta a los reclamos de las familias de personas desaparecidas, obligando a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a reconocer a las miles de víctimas; la primera luz en un largo camino que deberemos recorrer para castigar a los responsables, para conocer la verdad y lograr justicia.

No somos un país en guerra, sin embargo, llevamos 10 años sobreviviendo a la violencia que antes nos horrorizaba observar en otras partes del mundo. La guerra contra las drogas es otro tema.
Senadora por el PRD. Presidenta de la comisión de Derechos Humanos

@angelicadelap