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La diferencia

  • Claudia Corichi

claudiacorichiSe dice que la salida del ahora expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, podría ser considerada la primera victoria democrática contra la corrupción en la historia latinoamericana del siglo XXI, sin embargo, la ola de indignación popular contra la corrupción no es exclusiva de nuestros vecinos del sur. En México millones de personas han mostrado su inconformidad por casos como la Casa Blanca, Grupo Higa, OHL, etc.; en Honduras, movilizaciones masivas tomaron las calles hace poco para protestar por robos de cientos de millones de dólares a los fondos de la seguridad social.

Las crisis de credibilidad y legitimidad que han generado estos casos -por solo nombrar algunos-, están asociadas al aumento de violencia, la opacidad de las instituciones, la pauperización del ingreso y el trabajo. Sin embargo, los hechos que llevaron de la Presidencia guatemalteca a la cárcel a Otto Pérez, se inscriben dentro de un cambio en la correlación de fuerzas, pero sobre todo del diseño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que posibilitó llevar al exmandatario guatemalteco tras la rejas y fuera del poder público.

La CICIG fue creada en 2006 mediante un acuerdo entre el Estado guatemalteco y la ONU con un carácter independiente y con la finalidad de asesorar y apoyar a las autoridades judiciales en la desarticulación de grupos paramilitares.

Su trabajo, permitió destapar el fraude de una organización conocida como “La Línea” en abril de 2015 que incluía a más de 40 funcionarios y que llevo a la dimisión de la vicepresidenta en mayo pasado debido a cobros ilegales y contrabando en las aduanas del país; así como en dar a la luz pública otro escándalo, el de pagos de sobornos a funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por parte de la empresa mexicana PISA para obtener la privatización del servicio de diálisis peritoneal.

La legitimidad de la investigación de la Comisión liderada por Thelma Aldana, la fiscal general del Ministerio Público, e Iván Velásquez Gómez, juez colombiano que actúa como comisionado de la CICIG, conmocionó al pueblo guatemalteco quien se volcó a las calles el 27 de agosto, cuando cerca de cien mil personas llenaron la plaza frente al Palacio Nacional después del voto unánime de 132-0 con el fin de despojar a Otto Pérez de su inmunidad para que enfrentara un proceso judicial.

La pesquisa que llevó a conocer de “La Línea” logró recopilar seis mil correos electrónicos, ciento setenta y cinco mil documentos y cerca de noventa mil llamadas telefónicas interceptadas. La evidencia recopilada por la CICIG y los fiscales del Ministerio Público, cuenta también con pruebas financieras y bancarias en contra de Pérez Molina. Su actuación da cuenta de que el combate a la enraizada impunidad en la región es posible y que en el terreno de la rendición de cuentas, se ha creado un precedente.

Hoy en lugares como Australia ha sido suficiente una baja en la popularidad para retirar al primer ministro. En México después de una serie de escándalos y ante la nula objetividad de la Secretaría de la Función Pública y su titular, así como los resultados de investigaciones que vinculan al actual Presidente con actos de corrupción, es urgente que miremos hacia nuevos esquemas de rendición de cuentas como los que se materializaron en Guatemala años atrás, pues nuestro error de inicio es que quien investiga a las autoridades se encuentra subordinado a ellas.

Contar con un respaldo internacional institucional, no solo procurará la objetividad, sino que hará más difícil que se oculte uno de los males más grandes del siglo XXI, la corrupción. Decía Jean Paul Sartre, que quizás hubo tiempos mejores, pero que no debíamos perder detalle del nuestro. Los ciudadanos y nuestra activa e informada participación deben ser guía para que los Gobiernos rindan cuentas, esa es la democracia del nuevo milenio y no debemos renunciar a ella.