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La extinción de dominio / René Arce Islas

  • René Arce

El problema del crecimiento del crimen organizado lo hemos visto solapado, por acción u omisión por parte de los gobiernos locales y federales a través de los años. Su avance en varios territorios del país ha sido tal, que ha llegado a desplazar a los gobiernos locales en sus facultades y obligaciones.

El asesinato de la compañera Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, vuelve a prender focos rojos, y nuevamente pone en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran los gobiernos municipales de las zonas de alta influencia del crimen organizado. La falta de disposición de los alcaldes a pactar con el narco, precipita las amenazas y atentados del crimen organizado para afirmar su poder, como quedan manifiestos los 71 alcaldes asesinados en la última década. Lo más alarmante es que si los tomadores de decisiones nacionales no cierran filas en el tema, el acontecimiento de Gisela Mota no será el último de ese tipo en el año que comienza. Para hacer algo al respecto, es necesario cambiar el paradigma de las estrategias empleadas durante los últimos sexenios. Todos debemos impulsar un cambio que esté fundamentado en el entendimiento de los motivos principales, los medios y las implicaciones por parte del Gobierno, que tendrá el bien de actuar en el tema del narcotráfico.

El fundamento básico que alimenta al crimen organizado es económico; su negocio ha sido rentable durante años y les ha dado la capacidad económica para montar importantes estructuras criminales con recursos materiales y humanos que han penetrado a los gobiernos municipales y estatales. Sin embargo, las estrategias se han concentrado en contra de las personas al frente de los grupos criminales, solamente generando hidras que perpetúan el negocio.

Si se quiere evitar lo que ha producido el narcotráfico a lo largo de estos años, es necesario destruir su fortaleza que se basa principalmente en su poder económico, la corrupción y la impunidad. Las fortunas que personas, familias y empresas han hecho a partir de los ingresos ilícitos del capital del narcotráfico han sido inmensas. Un ejemplo destacable, fue hace menos de una década el caso de la casa con 205 millones de dólares en efectivo y causó conmoción en la opinión pública. Esos recursos son ínfimos con lo que se ha ganado a lo largo de décadas, e incluso generaciones.

Para combatir realmente al narcotráfico es necesario usar todas las herramientas del Estado; el Presidente de la República es el facultado para mandar a PGR, Sedena, Semar, CISEN y SAT a ejecutar ciertas acciones. El punto es fortalecer el área de inteligencia, vinculándolo con el SAT e incautar todas esas fortunas ilícitas, como lo determina la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Dichas acciones necesitarán una visión de Estado por parte de la clase política, ya es necesario identificar y penalizar todos los funcionarios públicos y empresarios que han estado y continúan siendo partícipes de los beneficios económicos del crimen organizado. Es fundamental crear una política de Estado que vaya más allá del banal fin político inmediato de las elecciones, y cerrar filas en un tema que diario deja muertos en todo nuestro país.

La impunidad es el gran vicio de la aplicación de justicia en nuestro país; aquel que comete un delito cuenta con ínfimas posibilidades de ser castigado, desde los crímenes del orden común, los que realiza el crimen organizado. El hecho de no recibir castigo es el gran incentivo a seguir violando la ley.

Debemos destruir los sistemas criminales terminando con lo que les alienta a seguir avanzando: el fin económico. Asimismo, debemos castigar a todos los implicados mediante la pérdida de todas las posesiones vinculadas con sus actividades criminales.

Mail: renearcecirigo@gmail.com     FB: René Arce

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