imagotipo

La lucha preelectoral entre poderes

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

¿De parte de quién están los representantes populares? ¡Qué pregunta más ingenua! ¡De sus propios intereses, por supuesto! Y hoy encontramos una prueba con la “lucha” que se está dando entre los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en contra de la presunta anticonstitucionalidad en la que estaría operando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), teniendo como fiel de la balanza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antecedentes: el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la polémica Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por la que nació el IFT, así como la obligación del Estado en garantizar los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y libre concurrencia en dicho sector, además de reconocer como derecho humano el de las audiencias.

Sin embargo, su regulación desde entonces ha generado toda clase de luchas internas con un elemento subyacente: la necesidad de controlar a los medios y a la información, teniendo como saldo la afectación cada vez más grave de los derechos ciudadanos y pulverización democrática.

Hechos: Veamos los intereses en juego de la última “contienda”, suscitada justo en la víspera de elecciones federales que se anticipan estarán marcadas por el sello de la violencia, la compra masiva de votos y la corrupción en todas sus manifestaciones. A finales de enero, Presidencia de la República a través de su consejero jurídico y Cámara de Senadores a través del senador Pablo Escudero del PVEM, interpusieron dos controversias constitucionales contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que aprobara el IFT y publicara el 21 de diciembre de 2016, justo previo a su entrada en vigor el 16 de febrero, aduciendo presuntamente invasión de competencias, así como la impugnación por anticonstitucionalidad a cargo de Presidencia a los artículos 15, fr. LIX, 216, fr. II y del 256 al 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Controversias 35/2017 y 34/2017, respectivamente, de contenido bajo “reserva temporal” que se encuentran en estudio por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán -cuestionado por posible conflicto de intereses-Situación y pronóstico: Pese a las impugnaciones, el artículo 28 constitucional faculta al IFT a regular, promover y supervisar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones “garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Constitución”, mientras la fr.I del artículo 15 LFTR, promulgada por el H. Congreso de la Unión, lo faculta a expedir lineamientos “en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.

Hace unos días, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las iniciativas de José Clemente Castañeda de MC y Federico Döring del PAN para reformar la LFTR. Iniciativas regresivas, que suprimen la obligación de televisoras y radiodifusoras de distinguir entre opinión de los conductores e información y la de los concesionarios de presentar a las audiencias noticias basadas en la veracidad, y que eliminan del artículo 256 conceptos como veracidad, pluralidad o fomento de la identidad nacional y afectan así a grupos vulnerables (discapacitados, niños, indígenas, entre otros).

Pronóstico: Tanta coincidencia es reveladora. Hay una acción concertada entre los  poderes federales para adecuar y acotar, conforme a sus intereses partidistas y previo a los tiempos electorales, los alcances de los derechos reconocidos constitucionalmente en favor de la ciudadanía en los ámbitos del derecho a la libertad de expresión, información, comunicación democrática y verdad.

¿Quién está detrás? Los grupos supremos de poder económico y político. Los de siempre.
bettyzanolli@hotmail.com

@BettyZanolli