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La nulidad de las elecciones / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

La nulidad de las elecciones en nuestro país es una realidad que llegó para quedarse. Las elecciones pueden anularse por razones cuantitativas, como cuando no se instalan casillas en el número suficiente que exige la ley, o por razones cualitativas, es decir, cuando la voluntad popular fue vulnerada y el sufragio no fue libre. Distintas circunstancias envuelven cada elección anulada, pero en todas está el razonamiento que, si no se hubiesen dado esas violaciones a la normatividad electoral, el resultado -por lo regular muy apretado- hubiera sido distinto.

En la elección para gobernador en el Estado de Colima, recientemente anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su invalidez se debió a que fue probada la intervención indebida del secretario de Desarrollo Social, así como del procurador de Justicia de esa entidad federativa.

En el primer caso, el Tribunal sostuvo que el secretario “concertó una estrategia en la que solicitó a una subordinada que apoyara las campañas de los candidatos” de su partido, directriz vinculada “con el ejercicio de sus funciones y atribuciones oficiales”. En el segundo, se reconoció que el procurador realizó conductas que “trastocaron la libertad de los electores y afectaron el normal desarrollo de la campaña”, particularmente porque hubo la detención de tres brigadistas y la forma en la cual tal servidor público se pronunció al respecto no fue acorde con el principio de “presunción de inocencia”, con lo que la actuación de la Procuraduría se inscribió “en el ámbito de lo político”.

La Legislatura del Estado de Colima, a la brevedad, deberá convocar a elección extraordinaria para gobernador, y el Instituto Nacional Electoral debe organizarla. Los recursos financieros para la organización de tal elección deberán provenir de las autoridades estatales.

La figura de la nulidad de las elecciones en nuestro país significa una nueva oportunidad para los ciudadanos de tener contiendas y votaciones limpias. Repetir las elecciones es benéfico para la consolidación de nuestra democracia. Sin embargo, en términos económicos representa un nuevo gasto y la necesidad de erogar de nueva cuenta montos considerables para la organización de las elecciones, máxime cuando se trata de una elección de gobernador, como en Colima.

Precisamente porque realizar elecciones extraordinarias, derivadas de la intervención indebida de servidores públicos se traduce en gastos que no deberían volver a realizarse, las consecuencias legales a ellos deberían ser más contundentes. En México podríamos acostumbrarnos a elecciones extraordinarias, pero no debiéramos acostumbrarnos a la impunidad de quienes las provocan. Está en manos de los legisladores un régimen de responsabilidades más estricto, y de los ciudadanos exigirlo.

* Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx