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La práctica ilícita del turismo electoral

  • Daniel Ávila Ruíz

  • Daniel Ávila Ruiz

Los problemas derivados de la corrupción política siguen siendo una preocupación importante en la sociedad mexicana. Además, nuestra democracia incipiente requiere de un sistema político sólido y fuerte. Por esa razón, los delitos electorales constituyen un factor que laceran tanto al sistema político como a la democracia, ya que modifican resultados de contiendas electorales.

Varias reformas legislativas han intentado eliminar las prácticas de corrupción políticas. Por ejemplo, los servidores públicos ahora se hacen acreedores a multa y prisión si condicionan la entrega de algún programa social al voto por determinado partido político.

Los actores políticos también tenemos prohibido prometer dinero, servicios o cualquier regalo al votante para que se abstenga de ir a votar. Y algo muy importante, se castiga a quien induzca la práctica del “turismo electoral”, es decir, que se otorgue un pago a los electores para que voten en distritos electorales que no les corresponden.

Sobre este último punto, el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que la sanción para quien altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) será de sesenta a doscientos días de multa, así como prisión de tres a siete años.

No obstante, el “turismo electoral” representa más del 30 por ciento de todos los delitos investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Las entidades con mayor cantidad de casos identificados son el Estado de México, Veracruz y Sonora.

Muchos de los que incurren en este delito son personas de escasos recursos que se ven amenazadas, coaccionadas, o incluso “compradas” por otras que, con un interés electoral o político, los alientan a que proporcionen documentos o información falsa al RFE.

Los problemas que surgen con el “turismo electoral” son, en primer lugar, la afectación al proceso electoral, ya que se vota por un candidato o partido de otro lugar diferente al de la verdadera residencia, o simplemente, aumenta la omisión del voto.

En segundo lugar, se encuentra la vulnerabilidad de las personas que son movilizadas de un lugar a otro, para registrarlas en un lugar distinto al que habitan y, por tanto, incidir en los resultados electorales.

Estas personas creen en promesas (muchas veces incumplidas) de beneficios públicos. Las consecuencias no solo son las promesas incumplidas, sino el enfrentamiento a procesos de investigación judicial y sentencias por el delito de alteración del RFE.

Como legislador apuesto por una democracia más fuerte y menos lesionada. Esto significa que es necesario reforzar los marcos legales para garantizar el menor número de delitos electorales, como inhibir las prácticas de “turismo electoral”.

En ese sentido, en abril 2016 presenté dos iniciativas a fin de reformar tanto la Constitución como la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Asimismo, presentaré una iniciativa para multar a los partidos políticos que tengan conocimiento de que sus militantes incurren en el delito de turismo electoral y no hagan nada para evitarlo.

Así, me sumo a las acciones que tanto autoridades electorales como legisladores realizamos para frenar la comisión de delitos electorales, todo ello con miras a fortalecer la democracia en nuestro país.
*Senador por Yucatán. Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, Secretario de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, Turismo, así como de Reforma Agraria.