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La prevención de la criminalidad / El Agua del Molino / Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

La prevención de la criminalidad es primordialmente una responsabilidad del Estado y del Gobierno, que no se puede ni debe delegar en la sociedad civil. En tal virtud son de meditar muy seriamente las palabras del secretario de Gobernación que, sin aludir a la política criminal, como debe ser, se refirió anteayer a la “prevención social” en la inauguración de la Quinta Conferencia Internacional sobre Observación de la Criminalidad y Análisis Criminal. Al manifestar que la prevención se ha de trabajar muy de cerca de la ciudadanía, dijo lo siguiente: “Cuando la comunidad participa, la legalidad se arraiga y la seguridad perdura, y en las localidades el actor clave es la sociedad, quien define junto con las autoridades cuáles son las prioridades a atender”. Al respecto yo pienso que una cosa es que la comunidad proponga y otra muy distinta que decida y ejecute. La sociedad civil, en rigor, no tiene por qué participar en la realización de la política criminal. La Constitución que nos rige es muy clara al respecto en su artículo 21, párrafo noveno, que a la letra dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. O sea, es una función a cargo del Estado y del Gobierno. Nada más. Yo observo que ante la magnitud de ciertos problemas, y la criminalidad es uno de ellos con sus derivaciones en el narcotráfico y la delincuencia organizada, hay una especie de relajamiento en el área de las responsabilidades oficiales que se traduce en una delegación parcial de éstas al gobernado; olvidando que gobernado implica de suyo ser guiado y dirigido dentro de los límites de un Estado constitucional. Otra cosa, insisto, es que la sociedad civil aporte ideas y plantee necesidades coparticipando con los responsables del gobierno en la medida en que no rebase lo que es dirigir, llevar rectamente al país hacia un término o lugar señalado.

Ahora bien, la democracia carece de sentido, orientación y eficacia si se pierde de vista que mediante el sufragio universal elegimos a nuestros gobernantes para que, como dice Norberto Bobbio, actúen, pongan en acción su plan de Gobierno, ejerciten el poder en beneficio colectivo; siendo entonces que la sociedad es la beneficiaria de ese actuar. En consecuencia la comunidad participa de la legalidad acatándola, obedeciendo el ordenamiento jurídico vigente. No de otra manera se debe entender el principio democrático del mandante, que le confía al mandatario la gestión y desempeño del “negocio público”, y del mandatario, que acepta tácita y expresamente dicha encomienda. La tan pregonada “cultura de la legalidad” es esto. El gran problema de la inseguridad no solo tiene como causa la desobediencia de la ley, la comisión de delitos, lo cual es una expresión de algo mucho más profundo, a saber, un descontento social, una desorganización social generada por crisis culturales, políticas y económicas, lo que deriva fatalmente en corrupción e impunidad. Es por ello que es injusto e impolítico pedirle a la sociedad que participe en la defensa de sus intereses, lo que al final de cuentas equivale a hacerse justicia por propia mano. Mi defensa como ciudadano y gobernado consiste en presentarle al gobernante un cuadro de mis preocupaciones y necesidades. Consiste en reclamar, según Bobbio, en pedir o exigir con derecho. Y al gobernante corresponde, exclusivamente a él, el ejercicio de la acción política, indelegable por naturaleza. Otra cosa es seguir la política de la comodidad y, en ocasiones extremas, de la irresponsabilidad, renunciando al mandato de la democracia. No se me olvida que Duverger, en una de sus tesis más sobresalientes, se refería a “sentirse gobernado”. Sentimiento que en la democracia lleva consigo la sensación, y también la seguridad, de que el trabajo político lo hace aquél que elegí para gobernar. Y no yo.

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