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La responsabilidad del Estado frente a la niñez y la adolescencia mexicana / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

Hace unas semanas, estudiosos de la familia y algunos senadores de diversos grupos parlamentarios nos reunimos en el Segundo Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano 2015. En mi participación abordé el tema de la responsabilidad del Estado frente a la niñez y la adolescencia mexicana.

Partí de la consideración de que la familia es un hecho natural, vital, que no depende o está sujeta a la voluntad del Estado; es una institución de transmisión de valores como la solidaridad y el amor, además de ser la base para el desarrollo humano. Para los niños –y no solamente para ellos−, la familia es el espacio emocional donde se forman los principales vínculos afectivos, su personalidad y sus patrones de conducta. Sin embargo, eso no excluye la responsabilidad del Estado frente a este grupo de la población.

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), en junio de este año había en el país más de 40 millones de menores de 18 años de edad, lo que representaba 33 por ciento del total de la población nacional. De ellos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 54 por ciento se encontraba en situación de pobreza; es decir, 21.2 millones de niños y adolescentes tenían carencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a recursos monetarios para adquirir los bienes y servicios requeridos para su desarrollo.

De acuerdo con cifras del mismo organismo, los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente son significativamente más altos que los de los adultos (10 puntos porcentuales por arriba de estos últimos).

Peor aún, en nuestro país casi el 100 por ciento de los niños indígenas padecen una o más carencias sociales, 87 por ciento no tiene acceso a la salud, 63 por ciento no cuenta con servicios básicos en la vivienda y casi 40 por ciento sufre de carencia por acceso a la alimentación.

Es evidente que estos niños viven en un contexto de constante violación a sus derechos, incluyendo los principios rectores de no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Además, un aspecto muy relevante que muestra la crisis por la que está pasando tanto la regiduría del Estado como de la familia frente a la niñez y la adolescencia mexicana es el número de jóvenes en conflicto con la ley, así como la participación cada vez mayor de niños y adolescentes en actos delictivos.

En el Sistema Penitenciario hay más de 11 mil adolescentes internados y −extraoficialmente− se calcula que aproximadamente, desde 2006, se han detenido a más de siete mil niños y menores de edad involucrados en el narcotráfico.

Frente a esta realidad nacional, se hace impostergable la discusión sobre el enfoque de los programas sociales; pues es evidente que la inversión para apoyar el desarrollo social es la forma más sensible y concluyente para expresar la voluntad política de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de los menores.

Más aún, se hace necesaria la armonización de la legislación vigente con la asignación de recursos, a fin de precisar la conexión entre el proceso de asignación presupuestaria y los planes de acción para mejorar la situación de la infancia, pues no debemos olvidar que es responsabilidad del Estado asegurar el respeto de cada uno de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país.

Finalmente, con motivo de las tradiciones y fiestas navideñas, quiero enviarles mis mejores deseos y recordar que en estos días tenemos la oportunidad de dedicar nuestro tiempo y atenciones a la familia y los amigos, pero muy especialmente a nuestros niños y adolescentes. El mejor regalo navideño es estar con nuestros seres queridos. Mi familia y yo les enviamos un abrazo afectuoso a ustedes y aquellos a quienes más quieren. ¡Felices fiestas decembrinas!
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.