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La responsabilidad social del Estado / Alejandro Díaz

  • Alejandro Díaz

Todos los países del mundo tienen un porcentaje de población que vive por debajo del mínimo aceptable, sea en pobreza o en miseria. Elevar el nivel de vida de ese porcentaje es obligación moral del resto de la población para darle las mismas oportunidades de vida. Si bien hay quien considera que cada individuo debe luchar por sí mismo para salir de la pobreza, la mayoría considera que la sociedad también debe ayudar a elevar a los menos afortunados.

El Estado (Federación, estados y municipios) es la organización de la sociedad con más capacidad para ayudar a quienes menos tienen, pero no es la única. Tiene recursos y estructura sujeta a la doctrina política de quienes lo encabezan temporalmente: Si son conservadores no harán mayor esfuerzo para combatir la pobreza excepto promover la inversión y el empleo; si son populistas encontrarán medios para captar electores por medio de ayudas condicionadas; solo si son verdaderamente solidarios buscarán la forma de apoyar a quienes, individual o colectivamente, con su esfuerzo buscan salir de sus condiciones de pobreza o miseria.

Mucho se ha escrito de que para apoyar a que un grupo humano salga de la pobreza “no se debe regalar peces, sino que hay que enseñar a pescar”. Esa es la postura ética de Gobiernos responsables: apoyar con educación, salud, financiamiento y obras a los grupos marginados para que puedan incorporarse al resto de la población.

El Gobierno federal es el que tiene más medios para cumplir esa responsabilidad social. Tiene presupuesto y medios para recaudar, funcionarios y empleados para atender necesidades básicas en educación, salud, obra pública y apoyos especiales. Puede usar recursos para construir autopistas no esenciales, o puede capacitar para el empleo; puede hacer obras suntuarias o mejorar la alimentación popular. La función distribuidora del gasto ayuda a concentrar la riqueza o a distribuirla mejor.

Aunque parezca contradicción a lo anterior, los municipios están mejor preparados, por su cercanía a la población, para atender las necesidades básicas de sus habitantes, siempre y cuando cuenten con recursos suficientes y no los distraigan en asuntos suntuarios (como vehículos para los puestos superiores o adornos innecesarios). Los municipios, y sus gobiernos -los ayuntamientos-, son los indicados para organizar albergues, comedores populares y la asistencia a necesitados.

Las entidades federativas deben vigilar el adecuado reparto de recursos entre sus municipios para atender las necesidades generales y las que se requieran para apoyo a la población marginada. Están obligadas a supervisar que los ayuntamientos usen adecuadamente los recursos a su cargo.

Los tres niveles de Gobierno deben aceptar a las asociaciones ciudadanas que tengan entre sus fines aliviar la pobreza en sus ámbitos, incluso promover su formación para ser más efectivos. Todos debemos apoyar estos esfuerzos, la responsabilidad es compartida.
daaiadpd@hotmail.com