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La riqueza de los congresos locales (I)

  • Eduardo Andrade

Las conclusiones, marcadamente negativas del estudio sobre los Congresos Locales publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) parten de un análisis insuficiente de los datos, basado en criterios de productividad discutibles que descalifican a los Poderes Legislativos de las entidades federativas por ser supuestamente instituciones caras e ineficientes.

La Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), hoy bien encabezada por el diputado perredista de Michoacán Pascual Sigala, es una organización plural integrada por legisladores de todo el país y de diferentes partidos políticos, la cual ha sido presidida por diputados del PRD, el PAN y el PRI a lo largo de cinco años. Como promotor y primer presidente de esta organización soy testigo de calidad del esfuerzo de colaboración interpartidista que se realiza en los congresos locales en favor de las causas de la República, que no se aprecia pese a que la concertación ha sido considerada como un valor político deseable.

La metodología empleada es estrictamente cuantitativa, menciona pero no pondera, aspectos cualitativos como la amplitud representativa de los congresos; su pluralidad o la marcada equidad de género existente en ellos. Contiene datos cuya interpretación no es unívoca y es injusto presentarla con una connotación negativa. Por ejemplo, la cifra aislada de los recursos que tienen asignados suena escandalosa; parece un exceso lo que es una ínfima proporción del gasto público. De las tablas contenidas en el estudio se observa que una gran mayoría de las entidades federativas destina menos del 1% de su presupuesto a la función legislativa. Destaca el hecho de que la Asamblea de la Ciudad de México, a la que se presenta como despilfarradora, recibe apenas el 0.96% del presupuesto capitalino. De todo el país solo seis estados asignan más del 1% a sus Congresos: Baja California, 1.11; Baja California Sur, 1.54; Nayarit, 1.16; Quintana Roo, 1.65; Sonora, 1.17 y Morelos que con un 2.09 es el único que rebasa el 2%.

La función de supervisión del gasto que deben efectuar las Legislaturas locales requeriría contar con recursos técnicos y humanos suficientes para contrarrestar la capacidad administrativa de las Secretarías de Finanzas; la tecnología y el personal calificado son caros y ello implica aumentar la proporción presupuestal que reciben. Habrá quien descalifique este planteamiento con la simpleza de decir que es inadmisible solo porque significa aumentar el gasto; pero un analista serio vería que es cuestión de redistribuir el mismo presupuesto y entender que un Poder carente de capacidad económica es poco lo que puede hacer. El propio análisis del Imco reconoce que “el presupuesto que se destina a los órganos encargados de revisar que los recursos se ejerzan correctamente refleja la prioridad que se da a la rendición de cuentas”, con esa lógica debe concluirse que las representaciones populares, a las que electoralmente se otorga el control supremo de tal rendición, están lejos de recibir un trato prioritario cuando la importancia de esa función política en una sociedad democrática debe estar por encima de la mera actividad técnica de las entidades de fiscalización. Si éstas actúan sin control resultan igualmente proclives, como cualquier Poder, a fenómenos de corrupción. Bajo esta óptica no puede estimarse como positivo que un estado, como Puebla, dedique una irrisoria proporción presupuestal del 0.19% a su Poder Legislativo, pues ello revela un grave desequilibrio entre Poderes.

eduardoandrade1948@gmail.com