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La SCJN y lo “perfectamente licito”

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

¿Hasta dónde debe el Estado proteger un derecho fundamental cuando éste se encuentra en conflicto con otro? ¿Hasta dónde debe ejercer su vinculación positiva sin provocar la invasión de facultades entre sus propios poderes? Sabemos que en toda ponderación al respecto debería privar, pese a su complejidad, la tutela al derecho de mayor jerarquía, como lo es el derecho a la vida. Sin embargo, el asunto no es sencillo, por eso preocupa que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nuestro máximo órgano de control jurisdiccional, haya dejado pasar la oportunidad de resolver una problemática añeja, largamente denunciada y padecida por el pueblo de México, que día a día confronta a miles de ciudadanos -particularmente en la Ciudad de México- al provocar la colisión de derechos fundamentales como los de libertad de expresión, asociación, reunión, tránsito, libertad física, derecho a la seguridad y dignidad. Ello, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, paradójicamente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en las que se demandó la invalidez de diversos artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, entre otros los numerales 212, 213 y 214.

Y algo mucho peor y por demás alarmante: derivado del fallo de la SCJN del pasado 11 de agosto que dejó subsistente la severa problemática aludida, se avaló y fortaleció en lo futuro el uso discrecional del poder a cargo de la autoridad, al haber confirmado seis de sus ministros que los manifestantes deben demostrar los fines “perfectamente lícitos” de la movilización que pretendan llevar a cabo ante la autoridad capitalina, a efecto de poder recibir el aval para su realización por parte de la Secretaría de Seguridad Pública local. Para los ministros que votaron en contra al considerar inconstitucional el ordenamiento referido, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas y Norma Lucía Piña Hernández, la crítica al concepto de “perfectamente lícito” radica en que es vago, general, discrecional y arbitrario, lo que sin duda es. No obstante, desde el momento en que se declara ilícito no solo lo “contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres” (Artículo 1830 del Código Civil Federal) sino lo que no sea “perfectamente lícito” a “juicio” de la autoridad, la resolución admite que la licitud es “graduable” conforme al criterio interpretativo de la autoridad.

Así, ahora resulta ¡que puede haber actos lícitos y actos “perfectamente lícitos”! Se trata pues de una determinación judicial aberrante y retardataria, anticonvencional, antigarantista, antidemocrática, anticonstitucional -al limitar flagrantemente lo dispuesto por el texto constitucional que a la letra declara en su Artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito” y, sobre todo, eminentemente dictatorial, al hacer nugatoria la vinculación negativa a los derechos fundamentales por la que tanto los poderes públicos como los ciudadanos (destinatarios esenciales de los derechos fundamentales) tienen el deber de abstenerse de cualquier actuación que pueda vulnerar al ordenamiento constitucional, tal y como nuestra Carta Magna en el primer párrafo de su Artículo Primero mandata, al referir que el ejercicio de los derechos humanos y garantías reconocidos por ella y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, “no podrá restringirse ni suspenderse”. En resumen, como es costumbre y en sus propios términos, se trata de un fallo de la SCJN perfectamente retroprogresivo, histórica y jurídicamente hablando, que nos retrotrae a los tiempos previos a la Revolución Francesa.
bettyzanolli@gmail.com     @BettyZanolli