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La Sedena en la lucha contra el tráfico de drogas / Poder Nacional / Javier Oliva

  • Javier Oliva Posada

Londres.- La que ya es una prolongada disfunción en materia de seguridad pública en varias partes del país, no debe olvidarse que ésta se debe a la presencia desestabilizadora del crimen organizado que ha contado con la comisión u omisión de autoridades locales, aunque no solo, pero sí principalmente. La presencia de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército Mexicano, en las labores de contención y sometimiento a la delincuencia, va desde la siembra de droga, hasta la incautación de bienes, pasando por una muy amplia y peligrosa diversidad de actividades.

Lo anterior le ha acarreado a la institución, en este caso a la Secretaría de la Defensa Nacional, señalamientos críticos, que en su mayoría carecen de sustento y tienen por finalidad distorsionar o poner en tela de juicio el amplio respaldo y aceptación que tiene el personal militar entre la sociedad. En otras ocasiones he tenido la oportunidad, en este espacio, de comentar a propósito de la muy importante labor de apoyo a las labores de seguridad pública, sin que a la vista haya un claro y decidido compromiso de varios gobiernos estatales, y por supuesto municipales, para trabajar en serio y a fondo, para restructurar las corporaciones policiacas locales.

La continuidad y permanencia en la erradicación de plantíos de marihuana y amapola revela que se trata tan solo de una de las partes que mueve a la poderosa y corrosiva organización criminal; de forma consecuente, el procesamiento, transportación (por todos los medios disponibles), venta al menudeo, lavado de dinero demandan a una cadena de esfuerzo institucional, que de ninguna forma puede quedar en una sola instancia (la militar) y sí en cambio, exige una real coordinación, pero sobre todo un evidente compromiso para alcanzar la meta de recuperación de la paz social y la vigencia del Estado de Derecho.

Por eso cabe cuestionar al respecto de la determinación, incluso, de autoridades federales y desde luego de las locales, en cuanto a su compromiso en la erradicación de sembradíos ilegales. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina Armada de México requieren además del tan esperado respaldo jurídico que, de manera inexplicable e injustificable, el Poder Legislativo no les proporciona, a pesar de los altos niveles de exigencia y riesgo que corren cotidianamente los militares y sus familias. Las aportaciones institucionales civiles al esfuerzo nacional en la lucha contra el crimen organizado no pueden seguir siendo retórica ni buenas intenciones.

Las constantes peticiones/exigencias internas y externas para que las Fuerzas Armadas de México se retiren de las actividades de apoyo a la seguridad pública y, por lo tanto, de confrontación a la delincuencia organizada, no consideran o lo hacen con insana intención, pues dado que no hay en todo el panorama institucional y de determinación política en la materia quien vaya a hacer y cumplir satisfactoriamente tan delicado trabajo. O desde otra perspectiva, el repliegue a las instalaciones militares de soldados y marinos, desde luego que resultaría conveniente para aquéllos o que no han cumplido con su compromiso como servidores públicos, o a las propias organizaciones delictivas, pues así no tendrían el acoso y presencia disuasiva del personal del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México.

Pero si a lo anterior agregamos los servicios militares para atacar y enfrentar el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, entre otros delitos, queda claro que el único perdedor en un hipotético repliegue militar sería el ciudadano honesto, pacífico y trabajador y con él, el país.
javierolivaposada@gmail.com