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La seguridad de todos / Blanca Alcalá

  • Blanca Alcalá

El mando único policial es una propuesta que pretende dejar en manos de las entidades federativas y la colaboración de la Federación la seguridad pública de todo el territorio nacional. Se trata de reducir de mil 800 corporaciones de policía que operan en diversos municipios a sólo 32 (una por cada Estado) y, con ello, homologar los lineamientos en cuanto a criterios de selección, ingreso, permanencia, formación, remuneración mínima de policías, así como de régimen disciplinario, protocolos de actuación, operación y equipamiento de las corporaciones.

Se trata de un tema que compete tanto a los estados como a la Federación y que debe resolverse ya, para la seguridad de todos. Los gobernadores han hecho llegar sus opiniones al Senado, en las cuales detallan aspectos relevantes, como por ejemplo abordar el asunto del mando único policial con base en las características de seguridad de cada entidad federativa.

Existen dos temas que no deben dejarse de lado cuando se aborda el mando único policial: la vulnerabilidad de las policías municipales ante las amenazas y medidas persuasivas del crimen organizado y la administración de un poder en manos de los ayuntamientos que representa un ejercicio de autoridad sobre la población de una localidad.

En el primer caso, es conocida ampliamente la capacidad corruptora del crimen organizado,así como su habilidad para intimidar a los mandos policiacos si no cooperan con sus actividades ilícitas. Por otro lado, la incorporación de verdaderos criminales en los cuerpos policiacos de los municipios, representa un riesgo muy alto para cualquier comunidad en términos de su seguridad.

Sin duda, hay municipios en donde la policía cuenta con un mayor reconocimiento de parte de la población, pero existen otros en donde, lamentablemente, no sabemos bien a bien, en manos de quien está la seguridad pública. La infiltración del crimen organizado en los municipios no sólo tiene como objetivo subordinar a los ediles, busca también tomar el control de los mandos de seguridad.

La participación de policías en la entrega de personas secuestradas a células del crimen organizado o su participación en delitos como el robo de combustible en ductos de Pemex, coloca a cualquier comunidad en una condición de vulnerabilidad social que debe ser atendida por el Estado.

La seguridad no es únicamente un asunto de órdenes de Gobierno. Es, sobre todo, un tema de Estado, cuya responsabilidad hemos distribuido entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Pero la fórmula que hemos adoptado en nombre del municipio libre y la soberanía de los estados, no está funcionando en todos los sitios, en especial, en aquellos en donde se han enquistadolos intereses del crimen organizado.

Morelos, Guerrero y Michoacán son un buen ejemplo de la necesidad de instrumentar el mando único. Sino queda centralizadoel control de los exámenes de confianza, muy probablemente se desarrollen mecanismos para evadir las aplicaciones y la supervisión de los resultados se disperse en muchos de los responsables de los diferentes órdenes de Gobierno. La consecuencia: falta de rigor en la selección de los cuerpos policíacos.

En el segundo caso, respecto a que el mando único representa la pérdida de un poder para los presidentes municipales, debe verse desde una perspectiva de un federalismo cooperativo. Incluso, la seguridad personal de los presidentes municipales y demás funcionarios de un ayuntamiento está en mejores condiciones de salvaguarda bajo un mando articulado, que uno operado de manera aislada, además de que se generan mejores condiciones de gobernabilidad, en especial, en una época en donde el buen Gobierno es indispensable para enfrentar las difíciles condiciones económicas.

Un mando único o policía estatal única ofrecerá mayor control sobre los cuerpos de seguridad, un mejor registro del uso del armamento, una mayor capacitación y profesionalismo de los policías, mejores condiciones de operación de las agrupaciones policiacas, un perfil común de servidor público y mejor aprovechamiento de la tecnología en beneficio de la seguridad pública. En especial, un seguimiento particularizado de quienes son los responsables de la seguridad de las personas, familias y patrimonio de la sociedad.

Un Gobierno local puede estar absolutamente indefenso a las peticiones del crimen organizado: de hecho, en algunos municipios se han registrado fenómenos como la asignación de obras públicas a quienes ordenan los jefes de plaza del crimen o, el colmo, el cobro de derecho de piso a los propios ayuntamientos.

El mando único no significa la una pérdida de un poder a cargo de la autoridad municipal, sino la posibilidad de restablecer el principio de autoridad en muchos sitios del territorio nacional en donde el crimen organizado ha hecho, de los gobiernos locales, una más de sus plataformas de operación.
* Senadora de la República por el Estado de Puebla.