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La tecnología divide a la Corte

  • Eduardo Andrade

Una interesante discusión en el Pleno de la Suprema Corte culminó con la aceptación de la constitucionalidad de las normas que regulan en Yucatán el servicio de transporte de personas mediante el empleo de plataformas tecnológicas como el prestado por Uber y Cabify. Las diferencias de criterio arrojaron una votación 5-4 a favor de declarar la invalidez de dichas normas que imponen ciertos requisitos como que el conductor sea propietario del vehículo o que éste disponga de aire acondicionado. En virtud de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere de ocho votos, ni aun cuando los dos ministros que no pudieron estar presentes hubieran optado por esa medida, el resultado habría sido diferente.

El debate, que alcanzó niveles de pugna siempre respetuosa, fue de enorme riqueza. Las posiciones contrastantes esgrimían sólidos argumentos que evidenciaban la dificultad del tema. Por una parte los ministros Pérez Dayán (ponente), Piña, Gutiérrez Ortiz Mena, Franco y Zaldívar, se inclinaban por estimar que las regulaciones constituían barreras indebidas de entrada al mercado.

La posición que, pese a ser minoritaria, mantuvo la constitucionalidad de las disposiciones parece más convincente, pues la prestación de servicios de distintas características implica reglas diferentes, aunque sirvan a un mismo mercado y el servicio satisfaga igual necesidad básica. Pensemos en el traslado de un punto a otro del territorio nacional: el mismo mercado puede ser servido por medio del transporte terrestre y del aéreo, y la naturaleza de las regulaciones específicas de cada uno no puede interpretarse como barrera de entrada.

Las barreras de entrada, por definición, impiden o dificultan el ingreso de un agente económico a un mercado; en el caso de Uber en Yucatán el servicio ya estaba presente en dicho mercado, luego no sufrió una limitante para entrar y los legisladores estimaron necesaria una regulación de dicho servicio, el cual es distinto al prestado por los taxis en virtud de los procesos tecnológicos en que se funda. La mayoría de los ministros avaló la índole diferente de tales servicios.

El legislador es competente para fijar reglas en atención a la seguridad y calidad del nuevo y distinto servicio y ello no significa, como lo declaró la Corte, que se le perjudique con reglas retroactivas ni que se le impida la prestación del mismo. En el tratamiento diferenciado entre los taxis tradicionales y Uber, resalta el aspecto sustancial de que los primeros están sometidos a una tarifa, en tanto que los basados en plataformas tecnológicas no lo están. Esa sola circunstancia justifica la exigencia de ciertos estándares de calidad a Uber, pues de otro modo podría incurrir en una práctica de dumping que afectaría al servicio con el que compite.

Se revisó también la razonabilidad de los requisitos. A mi juicio ahí se trata más de un problema de libertad de trabajo que de competencia. Si el requerimiento implica un impedimento para trabajar debería considerarse inconstitucional. En ese sentido me parece que incurre en tal vicio la obligatoriedad de que el propietario del auto sea quien deba conducirlo pero, por ejemplo, la necesidad de que el vehículo esté equipado con aire acondicionado parece muy razonable en la península yucateca. Los ministros Pardo Rebolledo, Laynez, Medina Mora y el presidente Aguilar, estimaron que los requisitos razonables para un servicio de calidad superior no constituyen barreras de entrada puesto que son iguales para todos los que pretendan prestar ese tipo de servicio.

eduardoandrade1948@gmail.com