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La urgencia de contar con una Ley de Seguridad Interior

  • Raúl Aarón Pozos

  • Raul Aarón Pozos Lanz

La inseguridad en nuestro país constituye un problema cuya raíz es multifactorial, no obstante, el incremento de los índices de inseguridad en los últimos años en las diferentes entidades federativas tiene como origen la lucha contra los cárteles del narcotráfico iniciada desde la administración anterior.

La ola de violencia desatada por el narcotráfico ha provocado que la población se sienta cada vez más insegura en sus respectivas comunidades. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta ahora, la cifra de muertes relacionadas con el narcotráfico asciende a 186 mil 297, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) 2016 reporta más de 27 mil desaparecidos y 10 mil 934 detenciones vinculadas al crimen organizado.

Ante este escenario, las Fuerzas Armadas mexicanas han ejercido un papel fundamental en el combate al narcotráfico y la pacificación del país. Según cifras oficiales, a cuatro años de Gobierno, se han neutralizado 105 de 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, más del 86 por ciento, gracias a la colaboración de las instituciones de seguridad con el ejército. Asimismo, se ha reducido el número de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

Pese a lo anterior, la participación de las Fuerzas Armadas en estas actividades también ha generado roces importantes entre los cuerpos militares y la población civil, particularmente en lo correspondiente a casos de supuestas violaciones a los derechos humanos.

Esta situación ha dejado al descubierto la existencia de un importante vacío legal para establecer de forma concreta los límites de actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna, poniendo en relieve la urgencia de modernizar los modelos de policías federal y locales, así como fortalecer las instituciones de seguridad pública y garantizar los derechos de los militares que participan en la lucha contra el crimen organizado.

El enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible. La educación marcial es completamente diferente en métodos a la de los cuerpos de seguridad policiaca, sus tareas también difieren, aunque las Fuerzas Armadas sí están facultadas para auxiliar a la seguridad pública cuando sea necesario, así como para velar por la seguridad interior.

Garantizar los derechos humanos de la sociedad civil es fundamental para la preservación del Estado de derecho y para el desarrollo democrático, económico y social de nuestro país. México siempre ha sido un acérrimo impulsor de los derechos humanos, no obstante, también es necesario que el Estado mexicano dé certidumbre a los soldados para que puedan realizar con efectividad sus tareas en materia de seguridad pública.

Para ello, la existencia de un marco normativo que establezca claramente la participación de los soldados y marinos en la materia es fundamental. Solo de esta forma podremos garantizar a nuestra sociedad el irrestricto respeto a los derechos humanos, sin incurrir en injusticias en contra de los militares que tanto han aportado para la pacificación en nuestro país y la protección de nuestra patria, poniendo en riesgo sus propias vidas e integridad.

La propuesta para crear la Ley de Seguridad Interior, que se debatirá en estos días en el Congreso de la Unión, busca modernizar el modelo policial desde una perspectiva de política de Estado, así como regular la participación de los efectivos militares en la materia, creando mayor certidumbre.

El trabajo legislativo será clave para la consecución de esta herramienta normativa, que es de gran importancia para el mantenimiento de la seguridad, el Estado de derecho y el combate al crimen organizado en México.