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La violencia es contra todas / En Cantera y Plata / Claudia S. Corichi

  • Claudia Corichi

Las palabras para describir la violencia en México han sido agotadas. Para nosotras las mujeres, no solo se trata de sobrevivir a asaltos, feminicidios o violaciones, los acosos y ataques están ahí permanentemente, en las calles, en las escuelas, en el transporte público e incluso -y nada aisladamente- en el hogar, pero ¿quién hace algo por visibilizar esta situación? ¿A quién debemos exigirle nuestra seguridad cuando las autoridades se muestran incompetentes y omisas ante flagrantes violaciones?

La gravedad de esto no solo reside en lo poco que se denuncia, sino en que quienes deciden hacerlo con todo valor, tengan un 90 por ciento de probabilidad de que el delito quede impune. Según un estudio del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) titulado “Las otras víctimas invisibles”, en los últimos cinco años se han registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual contra mujeres, lo que equivale a 600 mil casos por año y a mil 345 casos por día, hablamos de un fenómeno que se está normalizando incluso entre los jóvenes, en sus espacios de convivencia y en sus conductas sociales.

No solo en nuestro país se ha magnificado esta terrible dinámica. En Estados Unidos, el Gobierno de Barack Obama ha quitado el velo a este drama suscitado principalmente en los campus universitarios, ahí dónde el prestigio institucional se ha sobrepuesto al grito de justicia de miles de universitarias que agredidas sexualmente, han sido acalladas por las autoridades educativas. Ante esto, y en una inusual decisión, el Departamento de Educación publicó desde hace más de un año una lista de las 55 universidades investigadas por violaciones de leyes federales en el manejo de quejas de abuso sexual, entre las que se encuentran Harvard, Princeton, Boston y Chicago.

En México, el terrible caso de “Los Porkys” en Veracruz ha evidenciado un putrefacto entramado de redes de corrupción que los encubre y que va desde sus familias hasta las mismísimas filas del actual gobernador. A ello se suman las constantes violaciones en el transporte público del Estado de México omitidas por la autoridad, o aquellas que han sucedido en los autobuses foráneos en los que incluso se han presentado actos tumultuarios, pasando por los pederastas familiares o extranjeros exhibidos en redes sociales, y los miles que actúan en el silencio de la impunidad.

Ante los altos índices de impunidad en los que vivimos, debemos enfocar esta lucha en muchos frentes, uno es el cultural. Debemos atacar esas resistencias que pretenden justificar como “normal” dichas agresiones, pues no es que la vestimenta o la actitud de una mujer provoque la violencia sexual, sino el entramado sociocultural que reproduce esas ideas de que es posible ejercer un dominio sobre la mujer, sobre su intimidad o su cuerpo. La violencia sistémica en el país, acrecenta los casos y nos da cuenta de una realidad que rebasa lo imaginable. Otro frente es el marco legal en que mucho se ha avanzado pero que es insuficiente en un esquema con nula prevención y poca procuración de justicia donde reina la impunidad.

Los medios de comunicación, las películas, las series internacionales, o las interminables novelas juegan un papel clave, pues mantienen la violencia sexual como trama y como algo normalizado e incluso como mecanismo de mercadotecnia y de lucro.

Pero somos todas y todos responsables de alguna manera si no cambiamos ya y ahora. Si admitimos esa violencia que permea a las familias, que se tolera, que se solapa y se encubre, esa misma violencia que enseña a las nuevas generaciones a cosificar a las mujeres a seguir haciendo chistes de la violación. Hablamos de un fenómeno que se presenta desde las escuelas, en los servicios médicos, hasta un desdeñoso ministerio público donde el o la jueza y los altos funcionarios revictimizan y perpetuan la impunidad y el machismo.

No olvidemos que en la actual crisis de derechos humanos, y en la inherente crisis de credibilidad del Gobierno mexicano, la impunidad en el caso del “Los Porkys” ha devuelto a nuestro país a los titulares internacionales de la manera más lamentable. Es una ofensa que el Gobierno de Peña Nieto quede inmutado e impoluto ante estos temas y frente al Gobierno del priísta de Javier Duarte, cuando la sociedad clama a gritos y marchas por una solución.