imagotipo

La voz de la IP

  • Gustavo de Hoyos / La voz de la IP

#VamosPorMás la nueva era de la participación ciudadana

Transformar un país desde la sociedad no es una tarea sencilla. Este 18 de julio concluye lo que podría considerarse la segunda etapa de la gran cruzada ciudadana contra la corrupción y la impunidad, la que es sin duda una de las movilizaciones sociales mejor vertebradas que México haya experimentado en su historia reciente.

La primera etapa podría ubicarse a partir de la reforma constitucional del 28 de Mayo de 2015, que mandató la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y concluyó el 18 de julio de 2016 con la promulgación de las siete leyes fundamentales para darle operatividad.

A lo largo de esos casi 14 meses, un conjunto de organizaciones sociales, empresariales y académicas, lograron posicionar la agenda anticorrupción como la más importante en el ámbito nacional.

La participación ciudadana en ese proceso estuvo dotada de muchas primeras veces:

*Se diseñó de forma integral una iniciativa de ley de origen ciudadano en el ámbito federal (la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).

*Se obtuvo el apoyo social para activar exitosamente el proceso constitucional de iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión con más de 634 mil firmas de apoyo a la “Ley 3de3”.

* Se negoció un ambicioso paquete de leyes y reformas bajo el esquema de Parlamento Abierto (las 7 Leyes del SNA).

*Se realizó gestión internacional para impulsar una reforma legal doméstica en curso (petición de acompañamiento de Coparmex ante el Comité Anticorrupción del BIAG en Paris).

*Se realizaron posicionamientos públicos insólitos en sus formas (acto cívico del 16 de junio en la Columna del Ángel de la Independencia).

*Se indujo la activación de mecanismos  de corrección jurídico-política al actuar del Poder Legislativo (veto presidencial a los 16 artículos de la “ocurrencia de madrugada” y convocatoria a periodos extraordinarios monotemáticos en ambas Cámaras para corregir yerros).

La segunda etapa de la gran cruzada ciudadana contra la corrupción, podría identificarse en su ámbito temporal, a partir del 19 de julio de 2016 y hasta el 18 de julio de 2017, en que como se apuntó al principio, vence el plazo legal para la construcción del andamiaje legal del SNA. Esta etapa también aportó experiencias novedosas en el activismo ciudadano. El recuento muestra claroscuros, con innovaciones indudables en el proceso de participación ciudadana en los asuntos públicos.

En el apartado referente a la conformación de los órganos e instancias del ámbito federal, las organizaciones de la sociedad participaron en la conformación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, los ciudadanos integrantes de esa Comisión, crearon un mecanismo de selección ejemplar y testimonial, público, transparente, oportuno en su temporalidad y con evaluaciones de conocimientos y apreciación curricular, para designaciones de y para órganos colegiados del propio Sistema Anticorrupción.

Con ello se logró de manera exitosa, la organización y puesta en marcha de una instancia ciudadana con participación determinante en el entramado institucional de orden público (inserción del CPC en la Presidencia del Comité Coordinador del SNA donde la mayor representación proviene del sector público) y la elección, de manera eficiente, transparente y a partir de propuestas sociales, del Secretario Ejecutivo del SNA, instancia operativa del organismo público.

Aunque el Senado de la República no ha cumplido con su responsabilidad de elegir en tiempo al Fiscal Especial Anticorrupción, ni en designar a los dieciocho Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa responsables de juzgar hechos de corrupción, la participación de las organizaciones ciudadanas ha sido fundamental para modular los procedimientos, proponiendo en el primer caso candidatos (según lo previsto en la ley) y en ambos procesos generando posturas públicas para evitar designaciones desacertadas en los perfiles y en la selección en la Cámara Alta.

En otro apartado, respecto la conformación de los treinta y dos Sistemas Estatales Anticorrupción, ha sido un frente igual de trascendente y mucho más complejo en su vertebración, donde las organizaciones ciudadanas han sido protagonistas de primer orden, con gran interacción con los poderes públicos de las entidades federativas.

Fueron organizaciones de la sociedad civil, a saber Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Coparmex, las que prepararon los instrumentos legales “modelo” para las reformas a las constituciones locales y las Leyes de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que sirvieron de base para los procesos legislativos en la mayoría de las entidades federativas. También fueron esas organizaciones, las que han monitoreado la calidad del proceso legislativo en las entidades en materia anticorrupción, en concordancia con el sistema nacional y en algunos casos, ciudadanizándolo aún más.

También desde la sociedad a través de los Centros Empresariales de Coparmex, se ha impulsado el proceso de reflexión social con la realización de foros regionales que impulsan además las reformas anticorrupción en las entidades.

Finalmente, otra organización experta como Fundar, ha iniciado la calificación de los procesos de selección de los ciudadanos y funcionarios que integrarán los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Tras toda esta acción ciudadana, ha llegado la tercera ola.

Una tercera etapa caracterizada por la concurrencia y la solidaridad entre las agendas de las organizaciones sociales, académicas y empresariales, ocupadas en combatir el fenómeno de la corrupción y la impunidad.

Este 17 de Julio, varias decenas de ellas han lanzado el colectivo #VamosPorMás. Un llamado desde la sociedad, para ir a fondo a una nueva generación de reformas legales que permitan hacer de México un país donde exista un verdadero estado de derecho.

Como ha postulado esta coalición de la sociedad: “La transformación de un régimen gravemente afectado por corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos, requerirá de un esfuerzo continuo y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades”. Y con ese compromiso entramos a la consolidación de una nueva era de la participación ciudadana. Enhorabuena por México.