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El decálogo Coparmex y la Ley de Seguridad Interior

  • La Voz de la IP /Juan Manuel Hernández Niebla

  • Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex

El 129 constitucional señala que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar.

La guerra en contra del crimen organizado, orquestada por los presidentes Calderón y Peña utilizando las Fuerzas Armadas,  ha generado controversia en cuanto a las capacidades y facultades de las mismas para ejercer acciones policiacas.

Recientemente, el Secretario de la Defensa Nacional criticó la incapacidad de las corporaciones policiacas para enfrentar al crimen organizado, haciendo que el ejército ejerza esas funciones sin la certidumbre de un marco legal.

Ante la incapacidad de las policías, las Fuerzas Armadas son las únicas entidades que se perciben con la capacidad y la confianza de la ciudadanía para combatir la delincuencia, pero necesitan una reforma de ley que les proporcione un marco jurídico de acción.

A esto se le llama Ley de Seguridad Interior.

En contraste, existe un “círculo rojo” de intelectuales mexicanos que están en contra de mantener al ejército en las calles.

Su lógica estriba en el temor del periodo post revolucionario, donde  gobiernos militares dieron pauta al México bárbaro y sangriento que generó  esa paz conflictiva que vivimos hasta hoy.

En respuesta,  COPARMEX propone un “decálogo” de lo que debería contener la Ley de Seguridad Interior, con un enfoque que minimiza las dudas y temores de tener a nuestras fuerzas armadas en las calles.

La propuesta no requiere una reforma constitucional. De acuerdo al artículo 73 Constitucional, el Congreso tiene facultades para emitir ley en la materia.

Bajo esta, la intervención del ejército se daría solo bajo un marco de excepción, emitiendo bases claras sobre las causales de intervención, así como sus facultades de investigación.

Se propone también un plazo específico, con un régimen de transición, y el posterior regreso a los cuarteles al concluir la vigencia del mismo.

En este esquema, y bajo el supuesto de afectación de la seguridad pública, el Presidente emitiría la declaratoria de intervención, el Senado la aprobaría por un plazo específico, y la Suprema Corte avalaría la legalidad de la misma.

En resumen, los tres poderes de la unión la avalarían, certificando su constitucionalidad y validez.

Siendo esta declaratoria temporal, a la par se propone un trabajo integral de fortalecimiento de todas las policías, impulsando políticas públicas con métricas de desempeño, presupuestos y capacitación.

Igualmente, se propone abatir la impunidad fortaleciendo la administración y procuración de justicia, en sus dimensiones funcionales y estructurales,  reduciendo la cifra negra de denuncias no presentadas.

En el área de prevención del delito, se proponen programas unificados en los tres órdenes de gobierno, sin objetivos electoreros, enfocados en las bases sociales, construyendo ciudadanía y por consecuencia regenerando el tejido social.

Finalmente, tanto en la intervención de las fuerzas armadas como en la reestructuración de las policías civiles, deberá siempre prevalecer el respeto irrestricto a los derechos humanos, priorizando los principios de certeza jurídica, transparencia, rendición de cuentas, y no discriminación.

Tanto para la conformación de la nueva ley como en la implementación del nuevo plan de seguridad, se necesita una estrategia integral, con un enfoque sistemático que incluya jueces, fiscales y policías, y la participación de todos los sectores de la sociedad.
jm@loginam.com