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La voz de los expertos / El Agua del Molino / Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

Yo no coincido con el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Baja, César Camacho Quiroz, quien ha dicho que los expertos internacionales en el caso de Ayotzinapa emiten opiniones sólidas y técnicas pero que carecen de autoridad jurídica para ser la última palabra (El Sol de México, 22 de octubre); por lo que a su juicio ésta la tiene que dar un juez. Y no coincido porque el problema actual del caso de Ayotzinapa, aparte de algunas aisladas consignaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República a la autoridad judicial correspondiente, se halla bajo la responsabilidad del Ministerio Público Federal. Y prueba de ello, es que se ha resuelto que el caso regrese de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Por lo tanto, se espera una investigación impecable, la que por cierto y en el pasado ha tenido serias deficiencias como es del conocimiento de la opinión pública. En tal virtud los expertos internacionales, que representan una voz no oficial pero independiente, son puntos menos que imprescindibles debido a la autoridad jurídica que sin duda tienen. En efecto, un peritaje es parte substancial de la investigación y aunque el Ministerio Público resuelve de acuerdo con el derecho, sería imposible hacerlo sin la aportación de los técnicos. E incluso ya en el terreno de una sentencia judicial los peritos le sirven al juez como referencia indispensable y en su condición de ciencias y artes que lo auxilian.

Ahora bien, yo no dudo que el Estado mexicano tenga la legitimación para actuar en lo de Ayotzinapa, pero no la ética que según Camacho Quiroz sí tiene. En mi opinión hay que entender que siendo el Estado el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano (lo cual, lo sitúa en una especie de entelequia), es en consecuencia y en sentido lógico, una cosa irreal. Kelsen, por ejemplo, lo define como un ordenamiento jurídico vigente y válido en un determinado territorio. Pero dejando a un lado las consideraciones filosófico jurídicas lo evidente es que el Estado lo forman los hombres en quienes recae la posible responsabilidad, que no directamente en el propio Estado. O sea, que la ética para actuar es de los hombres y no del Estado. En otros términos, algunos hombres, en concreto agentes del ministerio público con el rango que haya sido, han manejado muy mal la averiguación, incluidos peritajes deficientes y contradictorios. Y por eso, organizaciones no gubernamentales han intervenido en el asunto proporcionando expertos o peritos internacionales para aclarar la verdad de los hechos, tan confusa hasta hoy; lo cual, implica que si no dicen la última palabra contribuyen desde luego a decirla. Lo indiscutible es que el caso de Ayotzinapa está lleno de lagunas e imperfecciones que ponen de relieve graves dudas acerca de la ética de algunos funcionarios. Se ha adulterado, manejado o torcido la verdad. A mayor abundamiento, la última palabra judicial, agotados los recursos y medios de impugnación, la dirá un juez, magistrado o ministro sobre la base de una sólida averiguación. Así que estamos en espera de la última palabra del Ministerio Público, para que se pueda dar el siguiente paso e instruir no un proceso parcial o atomizado sino completo y con todos los elementos del trágico suceso. No se trata, pues, de que el Estado no abdique de sus responsabilidades sino de que las cumpla cabalmente. Y que no preocupe la presencia de peritos o expertos internacionales, que en realidad es la de la opinión pública, con todo su derecho, justamente interesada en un asunto de tal magnitud. Sígueme en Twitter:@RaulCarranca

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