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Las deudas de corto plazo en los gobiernos locales / Luis G Álvarez Tostado Valdivia

  • Luis G Álvarez Tostado Valdivia

Un asunto que se ha vuelto una situación a destacar en los estados y municipios son las llamadas deudas a proveedores, que generalmente se consideran como pasivo circulante, que de acuerdo a la Confederación de Cámaras de la Industria (Concamin) ascienden actualmente a 120 mil millones de pesos, lo cual se ha vuelto ya un problema. A continuación lo describiremos para indagar las consecuencias de dicha actitud económica de los gobiernos locales, y cada vez más se comienza a observar en algunas instituciones del Gobierno federal.

No voy a hablar de la deuda pública de los gobiernos estatales que últimamente y cada vez es más visible y cuestionada, sino que esta vez  voy a hablar de la deuda más oculta, la que nadie considera deuda pública, por encontrarse en la parte de estados financieros denominado pasivo de corto plazo, al final del ejercicio se le llama adeudos de ejercicios anteriores (Adefas). Para comenzar, definiremos estos conceptos: el pasivo circulante se define como el pasivo que no existe intención de mantenerlo mucho tiempo, por lo que está en rotación o en movimiento constante (circulante), se entienden como las deudas a corto plazo, deben de ser pagadas en menos de un año o muchas veces antes del cierre del ejercicio en curso. Las Adefas son adeudos de ejercicios fiscales anteriores derivados de compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre, y que se financia en el siguiente ejercicio con base en el presupuesto autorizado del ramo 30, adeudos de ejercicios anteriores registrados, mediante cuentas por liquidar certificadas autorizadas por Hacienda para pago en el periodo del 2 de enero al 31 de marzo del año en curso.

Solo para contextualizar el problema que representa el pasivo circulante de los estados, que como ya se mencionó se estima en 120 mmp, cifra semejante al primer recorte presupuestal definido por hacienda en 2015 ya que era del orden de 124 mmp, es decir todo el esfuerzo de ahorro en un año crítico del Gobierno federal, por la caída de los ingresos petroleros es igual a las deudas que tienen los gobiernos estatales y municipales con proveedores.

Para describir cómo se genera esta deuda, solo hay que decir que los gobiernos son consumidores de bienes y servicios, como cualquier persona física o moral, al adquirir un bien generan un pedido o contrato el cual contiene condiciones tanto del producto como las de pago, el problema es que si en las condiciones de pago se habla de 30 días después de entregado el bien al Gobierno, estos 30 días se convierten en 90, se dice que hay retrasos de hasta 20 meses, por lo que estamos hablando de un financiamiento por parte de los proveedores por encima de lo pactado. Es válido y una práctica comercial generalizada que los compradores de bienes y servicios se financien de los proveedores. Las mismas tarjetas de crédito cuando se utilizan bien y se pagan la totalidad de la deuda cada mes, es un financiamiento para el consumidor, pues primero se tiene el servicio y luego se paga. El problema de este apalancamiento (deuda y sus condiciones) es que está por encima de lo pactado, por lo que las implicaciones de esta situación es que el proveedor tendrá dos posibilidades en posibles futuras ventas al Gobierno: la primera ya no venderle al Gobierno, la segunda, dada su experiencia, incorporar los meses que se tardan en pagar al costo del dinero, es decir una tasa de interés, por lo que los precios de los bienes y servicios serán mayores. Además hay que recordar que muchos de los proveedores del Gobierno son micro o pequeñas y medianas empresas, las cuales no pueden soportar mucho el desfase de los pagos, por lo que algunas han quebrado, generando desempleo. Además, hay que recordar que son estas empresas en conjunto las que tienen un mayor número de empleados. De acuerdo a la Ley de Adquisiciones, no se puede comenzar ningún proceso de compra si no se cuenta con el presupuesto asignado, por lo que es muy ilógico que no se liquide de acuerdo a las condiciones, el problema se puede agravar si existen cambios en el Gobierno municipal o estatal, muchas veces no reconocen la deuda de las anteriores autoridades o simplemente argumentan falta de presupuesto para el pago.Lo anterior implica deterioro del mercado interno, en la medida que no se paga no se mueve la economía, además, se genera desconfianza en el Gobierno.

Ojalá que este tipo de práctica vaya disminuyendo, pues es la única manera de dar certeza a las empresas para que puedan planear su posible crecimiento y, por lo tanto, mayor generación de empleos.
gerardo_tostado@yahoo.com.mx

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