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Las perspectivas económicas de México también se vinculan con el combate a la corrupción

  • Daniel Ávila Ruíz

Daniel Ávila Ruiz

Como parte de nuestro futuro inmediato, los mexicanos hemos apreciado la formación de algunos nubarrones, durante las recientes semanas: atestiguamos la depreciación de nuestra moneda, el estancamiento generalizado de nuestras exportaciones y el impacto imperceptible de las reformas estructurales en la actividad económica.

La elevación de precios de los energéticos, incluídos los de las gasolinas y tarifas de la energía eléctrica, han sido acontecimientos adicionales que a todos preocupan por sus efectos en una potencial escalada de precios.

Como reacciones, al fin de la primera quincena de julio, el Banco de México hizo público el incremento de las tasas de referencia; simultáneamente, la Secretaría de Hacienda anunció un nuevo recorte al gasto público, que se han vuelto sistemáticos desde 2015.

Desde el final del año pasado, el diagnóstico y previsiones dadas a conocer por el titular de la Secretaría de Hacienda sugerían que ante la abrupta caída de los precios del petróleo, difícilmente volveríamos a recuperar los precios a que nos habíamos acostumbrado, y que tendríamos que ajustarnos a tiempo, a fin de evitar que el entorno internacional no se traduzca en una afectación de nuestra economía.

El titular del Ejecutivo ha dicho que es necesario gastar menos y gastar mejor, –en ello no puedo estar en desacuerdo- y que el ajuste se necesita procesar por una vía diferente al incremento de impuestos, pues se ha elegido no enfrentar esta situación ni con deuda ni con déficit.

Sin embargo, no es completamente cierto que la economía mexicana tenga en estos meses una perspectiva mediocre de crecimiento debido solamente al nulo avance externo de nuestros socios comerciales. Las razones fundamentales siguen siendo de carácter interno y su corrección debe atenderse con responsabilidad y sentido de urgencia.

No debe perderse de vista que hemos tenido un pésimo ejercicio del gasto público desde 2013, vinculado a una apreciación del tipo de cambio, así como una dilatada y mala gestión de las políticas de vivienda y del sector de la construcción en general.

Tampoco hay que olvidar que, desde el Pleno de la Cámara de Senadores, durante la discusión de la Ley de Ingresos 2015, una significativa parte del Grupo parlamentario de Acción Nacional se manifestó en contra del proyecto en lo general.

Tres desacuerdos prevalecieron con la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo: contra los altos niveles de endeudamiento, la homologación de impuestos en las zonas fronterizas y el alza en los precios de las gasolinas.

Y otro factor no menos importante: el titular de la Secretaría de Hacienda ha reiterado en la necesidad de fortlecer la confianza en la economía de México a través de transformar las instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Para lograrlo, no basta que en el Legislativo hayamos aprobado las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Tampoco bastará con dar seguimiento a la creación de un Comité Ciudadano dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y verificar que el perfil de los candidatos nombrados sea incuestionable, por su intachable trayectoria profesional y autoridad moral.

Tampoco servirá de mucho implantar un sistema único de evaluación de resultados de la asignación de recursos presupuestales federales en los tres niveles de gobierno a través de la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo anterior, el pasado 12 de julio presenté junto con la Senadora Marcela Torres Peimbert, una proposicion con punto de acuerdo para ampliar el actual recurso de inconstitucionalidad que ya interpuso la PGR, para que no solo abarque a las leyes anticorrupción, sino el refinanciamiento de la deuda local, el nombramieno de magistrados locales y otras medidas que violan las leyes estatales de Quintana Roo.

Si no logramos evitar que mediante la aprobación de paquetes de impunidad los congresos locales de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo garanticen la impunidad de gobernadores de entidades sobre endeudadas, no solo habremos tirado por la borda una legitimidad y ejemplos de escarmiento que hacen falta para instaurar un sistema de combate a la corrupción creíble. También habremos fallado en mejorar el funcionamiento de la economía mexicana en estos tiempos difíciles.

*Senador por Yucatán. Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, secretario del Comité del Instituto “Belisario Domínguez” e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de Reforma Agraria.