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Legalización de la marihuana y Estado incompetente / Alejo Martínez

  • Alejo Martínez

Al mencionar en el artículo anterior los daños causados por la estrategia prohibicionista contra las drogas, incurrí en una indebida omisión, que con toda sutileza me lo hiciera notar un dotado amigo: la de no aludir a su efecto más grave, el cual radica en la enorme pérdida de al menos 80 mil vidas humanas y 20 mil desaparecidos. Fueron tanto personas involucradas directa o indirectamente con el narcotráfico, como policías, marinos y militares o gente inocente sin ninguna relación con la problemática. Ese ha sido además un daño irreparable que ha venido sufriendo el país durante ya demasiado tiempo y en forma demasiado acentuada desde 2007.

La estrategia prohibicionista constituye además una política pública con alto grado de irracionalidad. El Estado ha decidido asumir una tarea que de ninguna forma le corresponde. Ya el célebre y polifacético gran pensador John Stuart Mill exponía desde 1859 en su obra “Sobre la Libertad”, un apotegma que de ninguna forma convendría olvidar: “El único propósito para el cual el poder puede ser justicieramente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es el de evitar daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”.

En efecto, la política prohibicionista está dando máxima prioridad a la persecución de una actividad en la que el individuo que decide consumir marihuana se hace daño a sí mismo, no a otros. Tenemos un aparato gubernamental que ha demostrado ser sumamente inepto, incapaz de sancionar múltiples delitos que se cometen implicando graves daños a terceros. Padecemos desmesurados índices de impunidad que rebasan con gran amplitud el 90 por ciento de los delitos cometidos y estando en tan precarias circunstancias el Estado ha decidido ocuparse fundamentalmente de perseguir con singular denuedo un comportamiento en el que el único afectado directamente es el propio consumidor.

¿No sería mejor que el deficiente Gobierno se concentrara en perseguir los múltiples delitos que sí implican daños a terceros? De acuerdo con una confiable encuesta del CIDE, un enorme 60 por ciento de los presos en cárceles federales están por delitos contra la salud, de los cuales el 59 por ciento vinculados con la marihuana, y de ellos el 38.5 por ciento están recluidos por simple posesión de más de un cigarrillo. El Artículo 479 de la Ley General de Salud autoriza desde 2009 el consumo de todos los narcóticos pero pone límites al monto de la posesión. En el caso de la marihuana, p. ej., es de cinco gramos, un cigarrillo, dosis muy baja para despenalizar. Por simple posesión, están encarceladas alrededor de 90 mil personas, cuya vida ha sido perjudicada de forma extraordinariamente dramática. Muchos de ellos ingenuos “burreros”, víctimas de una odiosa e injustificable complicidad entre policías y narcotraficantes.

La ineficiencia de esta política prohibicionista es monumental. Aún cuando el gasto en seguridad pública se triplicó entre 2006 y 2014, los delitos se incrementaron de más de 315 mil a más de 377 mil al año, y gran parte de ellos están vinculados a las drogas y a la devastadora corrupción que su enriquecedor tráfico está propiciando, lo cual ha repercutido en el incremento de otros delitos. Tengamos en cuenta que el Estado no tiene vocación ni aptitudes para imponer comportamientos que corresponden estrictamente al ámbito de la ética individual, de la propia vida personal.

El Estado puede y debe tratar de influir mediante la orientación sobre las graves consecuencias y las mejores fórmulas para evitarlas, pero no mediante la imposición. Si muchas veces ni los padres, ni la familia logran impedir conductas autodestructivas en su propio seno, resulta por completo improcedente que un distante aparato gubernamental, que ni siquiera se desempeña adecuadamente en las tareas que sí le corresponden, quiera entrometerse en espacios ajenos a sus connaturales funciones. A México le urge un aparato gubernamental eficiente y puede muy bien prescindir del actual Estado pilmama, aún más ineficiente y corruptor.

amartinezv@derecho.unam.mx   @AlejoMVendrell
Perjudiciales repercusiones de una política pública que interfiere en áreas para las que carece de competencia.