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Ley 3 de 3: Una propuesta de la sociedad civil / Horizonte Económico / Luis G. Álvarez Tostado Valdivia

  • Luis G Álvarez Tostado Valdivia

Esta semana se presentó la iniciativa ciudadana de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos (denominada también Ley 3 de 3). Comentaré a continuación las virtudes de esta ley y algunas diferencias sustantivas respecto a la vigente.

Esta ley se enmarca en el contexto de la llamada Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), promulgada el 27 de mayo del 2015 y que destaca la creación del SNA, nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación, corresponsabilidad de los tres poderes y tres órdenes de Gobierno en el combate a la corrupción, emisión de nuevas leyes entre la que destaca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y un nuevo modelo de justicia administrativa fortaleciendo al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solo para contextualizar el problema económico de la corrupción, según el INEGI, la corrupción representa 9 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como 347 mil millones de pesos; somos el lugar 95 de 165 en el ranking de la corrupción mundial, el último lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta propuesta fue presentada de manera conjunta entre otras por las siguientes organizaciones, Instituto Mexicano Para la Competitividad (Imco), Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Tec de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Centro de Estudios Espinoza Yglesia (CEEY), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Transparencia Mexicana (TM), la UNAM, entre otros organismos y connotados académicos.

La propuesta de ley se le ha denominado 3 de 3, porque una característica fundamental es la obligación los servidores públicos de presentar tres declaraciones, la que actualmente se declara que es la patrimonial; se le suman la declaración de impuestos y la declaración de intereses; esta última se caracteriza por declarar la relaciones económicas y comerciales que se tienen, es decir, con qué empresas u organizaciones se tienen intereses, ya sea porque se participa en ellas o porque algún familiar o amigo son dueños o accionistas, de tal manera que el servidor público no deberá ni podrá tomar decisiones de compra de bienes y servicios relacionadas con dichas empresas, pues se estaría en el supuesto del conflicto de intereses. Esta es una declaración novedosa y adecuada, pues limitaría y haría más claro el conflicto de intereses situación que en este sexenio ha sido muy cuestionado, estas tres declaraciones serían públicas sin excepción.

Esta ley, además, contiene directrices de conducta ética de los servidores públicos, un marco único de responsabilidades en todo el país, pues es una ley general, es decir, de aplicación en los tres órdenes de Gobierno federal, estatal y municipal, medidas preventivas con base en las mejores prácticas internacionales, sancionando a empresas del sector privado cuando se presten a actos de corrupción, y sanciones severas a servidores públicos, se definen 10 conductas corruptas graves entre otras características.

La ley actual, en su artículo 40, cuando habla de la declaración patrimonial en el tercer párrafo señala: “La publicación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y especifica del servidor público de que se trate”, en otras palabras, si el servidor público no quiere hacer pública su información, la ley lo permite. Son pocos los servidores públicos de alto rango que permiten que se publique su información patrimonial, generalmente bajo el aumento de la inseguridad pública, cuestión poco válida para los servidores públicos que su salario proviene de las contribuciones de los mexicanos.

Es una iniciativa ciudadana de combate a la corrupción que requiere de la participación por lo menos de 120 mil ciudadanos, por lo que es importante que muchos mexicanos nos sumemos, en este sentido hay que entrar a la página web www.ley3de3.mx, descargar el formato que incluye el instructivo de llenado, ingresar los siguientes datos de tú credencial de elector, nombre completo, clave de elector, código OCR número de emisión, lo anterior es necesario para que el Instituto Nacional Electoral valide tú firma, poner la firma en el formato, si es tu deseo apoyar aún más, recolectar varias firmas de tus parientes o amigos, el formato lo permite y así ser un promotor más de esta iniciativa ciudadana y por último llevar el formato a los puntos de entrega, con lo que estaremos apoyando esta iniciativa ciudadana y así presionar a los políticos para que impulsen el combate a la corrupción, en caso de que no apoyen esta iniciativa ubicar a quien se oponga y señalarlos para que reciban un castigo electoral las próximas elecciones.

Ojalá muchos mexicanos nos sumemos a esta propuesta para obligar al Congreso su discusión y ver quién apoya y quién no para poder castigarlos a los partidos que no la apoyen en las elecciones próximas.
gerardo_tostado@yahoo.com.mx

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