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Ley de Ingresos y Miscelánea fiscal 2017

  • Daniel Ávila Ruíz

  • Daniel Ávila Ruiz

La semana pasada se aprobaron en el Senado de la República cuatro minutas enviadas por la Cámara de Diputados, correspondientes a la Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.

Llama la atención que en su proceso de aprobación, durante la discusión legislativa en comisiones y en el pleno, prevaleció un horizonte inmediatista, de corto plazo ligado a una lógica de la “austeridad responsable”.

No por ello puedo dejar de señalar, que no se valoró suficientemente el contexto desfavorable en que ocurre esta discusión, pues en los últimos años, la economía mexicana se ha enfrentado a una serie de recortes en el gasto del Gobierno y sus perspectivas de crecimiento, apuntan a una disminución del bienestar para amplios sectores de la población mexicana.

La aprobación de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal 2017, como están planteados, lejos de garantizar la estabilidad macroeconómica pueden agravar el deterioro de la economía nacional.

El paquete de leyes aprobadas implica, además de diferentes aumentos a derechos, compensar la captación de ingresos por la vía fiscal, adelantar la desregulación de los precios de energéticos en las regiones del país, así como la posibilidad de incrementar los niveles del endeudamiento.

Por otra parte, ya se aprecia en el contenido de la propuesta de presupuesto de egresos, que el gasto que podría tener mayor impacto en el crecimiento es aquel que es recortado, mientras que el gasto relacionado a las actividades de publicidad gubernamental y la operación del Gobierno sigue al alza. Esta combinación ha llevado a un crecimiento de la deuda que, en lugar de aprovecharse en gasto rentable en términos sociales, se está canalizando a gasto rentable en términos electorales.

Tal como se aprobó la Ley de Ingresos 2017 y la miscelánea fiscal, estamos frente a una peligrosa austeridad, no de una “austeridad responsable”.

Soy de los que piensan que, más que recortes homogéneos en todas las áreas, se requiere de una reestructuración del gasto público, que pase por reducir el costo improductivo y proteger los proyectos de inversión pública de alto impacto en el crecimiento económico, en combinación con una mayor fiscalización en el ejercicio de los recursos.

Para revertir el delicado estado de nuestra economía, no debemos perder de vista las causas que nos tienen ahí, hemos tenido un pésimo ejercicio del gasto público desde 2013, vinculado a una apreciación del tipo de cambio, así como una dilatada y mala gestión de las políticas de vivienda y del sector de la construcción en general.

No olvidemos que desde el Pleno de la Cámara de Senadores, durante la discusión de la Ley de Ingresos en 2015, argumentamos en torno a tres desacuerdos que desde entonces prevalecieron respecto con la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo.

El tiempo nos ha dado la razón: en su momento nos opusimos a los altos niveles de endeudamiento, la homologación de impuestos en las zonas fronterizas y el alza en los precios de las gasolinas.

En mis posicionamientos he propuesto reducir los gastos y el tamaño del sector público y definir leyes que se traduzcan en mayor planeación, más inversiones y mejor fiscalización de los recursos públicos.

Los aumentos a los energéticos que están en puerta para 2017 también rompen con la promesa de no incrementar el precio de las gasolinas. Evidencian la mentira de que con la Reforma Energética el costo de los combustibles iría a la baja.

Mi postura seguirá siendo cuidar el nivel de vida de las familias y de las generaciones presentes y futuras de los mexicanos.
*Senador por Yucatán. Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, secretario del Comité del Instituto “Belisario Domínguez” e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de Reforma Agraria.