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Ley General de Archivos: iniciativa anatémica

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

Tan antigua como el hombre es y ha sido su necesidad de saber. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y es que la búsqueda de la verdad ha sido un problema óntico milenario, ideal y razón de ser inmemorial de la humanidad, aspiración motora del desarrollo científico y artístico, luz que ilumina el entendimiento, pero también fuente de inspiración para pueblos y naciones, en la medida que devela y revela la respuesta anhelada. Sin embargo ¿cómo acceder a ella? Conociendo. Así pues, a contrario sensu, cuando no conocemos, estamos impedidos de llegar a la verdad. ¿Es grave? Baste recordar lo que Jesús anuncia a los judíos descreídos: “.. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Sí, un pasaje bíblico, pero cuyo trasfondo es universal, pues además de todo, conocer es saber y como apuntó Michel Foucault, “saber es poder”, lo que cierra el círculo, de tal forma que si la verdad es saber, la verdad es también poder, y quién mejor para saberlo que todo aquel que lo detenta, por microscópico que sea. Ser dueño del conocimiento es tener control sobre la verdad, y quien conoce la verdad se vuelve incontrolable, de ahí que por lo regular ésta quede oculta, en la medida que debilita al aparato de poder, tal y como lo ha demostrado la historia a lo largo de los milenios y como hoy lo confirma la nueva iniciativa de ley presentada por senadores del PRI, PAN y PRD en materia de archivos.

Una iniciativa anatémica de la verdad, repudiada por la comunidad científica, particularmente de historiadores y especialistas en archivonomía, transparencia y acceso a la información además de organizaciones civiles, pues como lo han venido denunciando en distintos foros multitud de sus voces, es una ley regresiva, propia de regímenes totalitarios e inquisitoriales, desde el momento en que correspondería a la Secretaría de Gobernación detentar la presidencia del Consejo Nacional de Archivos y absorber al Archivo General de la Nación. Así, de aprobarse, habría un poderoso y vertical filtro de control político sobre la información a disposición de la sociedad, además de que el sistema de transparencia y combate a la corrupción, el derecho al acceso a la información, así como a la verdad y a la memoria histórica, quedarían indiscriminadamente pulverizados, violentados e indemnes frente a la discrecionalidad e intereses de servidores, funcionarios y particulares, sin que mediara control público alguno. Y algo más alarmante en la misma medida: la iniciativa posibilitaría que la valoración en el caso de los archivos históricos quedara a “criterio” del sujeto obligado, propiciando con ello dejar abiertas las puertas a la destrucción flagrante (lo mismo por ignorancia y burocracia, que por “conveniencia”) de la memoria histórica colectiva de la nación, que se integra por toda la actividad que realizan las diversas dependencias e instituciones públicas como privadas. La justificación recurrente de los autores de la iniciativa es que los documentos históricos poseen “datos personales”. ¿Podrá haberse visto mayor distorsión de lo que significa el derecho a la protección de ellos? Cuestiones como éstas producen escalofrío y ejemplifican diáfanamente la irracionalidad con la que nuestra nación, y hoy por hoy gran parte del mundo, se conducen.

Un caso y por demás ilustrativo ejemplo de lo que podría esperar al resto de los acervos en el país lo tenemos en el Archivo Histórico del Conservatorio Nacional de Música, víctima del abandono, opacidad y desprecio institucional por el legado musical y educativo que su acervo alguna vez resguardó, diezmado no solo por el tiempo, sino ante todo por la rapacidad de los directivos de sus más recientes administraciones, pues a pesar de ser el archivo más longevo en México de una institución educativa musical profesional, carece de catálogo y de mínimas condiciones físicas que alojen debidamente a sus materiales. No obstante, para “consultarlo” se debe realizar un tortuoso procedimiento que solo termina cuando el director del CNM-luego de casi seis largos meses de espera- revisa finalmente la petición de lo que se pretende buscar y queda a su criterio el que se pueda o no acceder al material específico, sin que exista control alguno por parte de la Federación, ni mucho menos del Instituto Nacional de Bellas Artes o de la actual Secretaría de Cultura y antes de la Secretaría de Educación Pública.

Ante semejante cuadro ¿en qué sociedad nos hemos convertido cuando posibilitamos y fomentamos que la discrecionalidad en su máxima expresión, censura flagrante, negligencia total, destrucción de nuestro patrimonio documental y supresión de nuestra memoria, imperen?
bettyzanolli@gmail.com    @BettyZanolli