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Los 72 de San Fernando y la CNDH

  • Angelica de la Peña Gomez

Por Angélica de la Peña Gómez

El asesinato de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ha sido finalmente recalificado como grave violación a los Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras una batalla legal, encabezada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEED).

Eran 14 mujeres y 58 hombres, secuestrados y posteriormente privados de la vida en agosto de 2010, solamente intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Esta recalificación es resultado de la sentencia de amparo a favor de la FJEED -como representante de algunas familias de las 72 víctimas-, que reconoce su derecho al acceso a la información, dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un poco de historia: en enero de 2014, familiares de víctimas de San Fernando solicitaron a la CNDH conocer la versión pública del expediente de queja No. CNDH/5/2010/4688/Q relacionado con la masacre, sin embargo, la institución se negó a hacerlo argumentando que la información solicitada tenía el carácter de confidencial.

La CNDH persistió en reservar la información tras la interposición de un amparo contra la declaración de reserva de su investigación y que el Juez de Distrito le ordenara fundamentar debidamente la declaratoria.

Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya había definido a la masacre como grave violación a derechos humanos.

En junio de 2016 el amparo llegó ante la SCJN y el 24 de mayo de 2017 la Segunda Sala determinó que “la CNDH tiene la facultad para calificar cuando un caso constituye graves violaciones a los derechos humanos, por ser “(…) un organismo estatal que cuenta con la potestad jurídica especializada y atinente”. Por lo tanto, la CNDH “(…) debía ponderar oficiosamente, si en el caso el interés público en mantener la averiguación en reserva, se encuentra o no superado por el interés de la sociedad”.

Ministras y ministros establecieron que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no podrá invocarse el carácter de reservado de las averiguaciones previas y otras indagaciones de carácter oficial cuando se trate de la investigación de graves violaciones de derechos humanos.

Ahora, con esta reclasificación de la CNDH, el Procurador General de la República y el gobernador de Tamaulipas deberán hacer pública la información que les sea solicitada, pero también establece un precedente trascendental para la justicia: el acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos.

¿Qué sigue? Todos esperaríamos que la CNDH también califique como graves violaciones de derechos humanos las 47 fosas clandestinas -con 195 restos humanos-halladas en San Fernando y la masacre de Cadereyta, como lo han solicitado víctimas y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Por supuesto, estar atentos a la resolución de los amparos correspondientes sustentados ante la SCJN.

El caso de los 72 de San Fernando exhibió las fallas de nuestro sistema de procuración de justicia y de protección de los Derechos Humanos, aún más recalcitrantes con nuestros hermanos centroamericanos, ojalá corrijamos, es lo menos que podemos hacer por las familias de quienes buscando mejores condiciones de vida han sucumbido ante delincuencias que actúan con toda impunidad.

Senadora por el PRD. Presiddenta

de la comisión de Derechos Humanos.

@angelicadelap